Somos concejales y concejalas de Hacienda de diferentes ayuntamientos del Estado. Y percibimos una gran hipocresía. En nuestro día a día, asistimos a foros estatales e internacionales en los que se elogia nuestro papel como administración cercana a la ciudadanía. Este elogio de la proximidad, sin embargo, contrasta con la inaceptable falta de recursos y de competencias a la que nos vemos condenados con la excusa de la crisis.

En el ámbito europeo, son frecuentes las apelaciones a textos como la Carta Europea de la Autonomía Local. No obstante, muchas autoridades que invocan estos textos suelen dar cobijo a políticas que asfixian dicha autonomía. La Troika impulsa políticas de austeridad que reducen los márgenes de actuación de los ayuntamientos y deterioran la calidad de los servicios municipales, forzando a menudo su privatización. Cuando los Estados trasponen estas políticas, el resultado suele ser aún peor. La reforma del artículo 135 de la Constitución es un buen ejemplo. Nadie pedía que el pago a acreedores fuera consignado como prioridad absoluta. Pero así se hizo. Y lo que es peor, se aprobaron normas lesivas para la autonomía local, que iban más allá de lo que las instituciones europeas y la Constitución exigían. Es el caso de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, conocida como Ley Montoro.

El despliegue de estas leyes ha supuesto un golpe durísimo al municipalismo. Se han producido procesos acusados de recentralización y muchos ayuntamientos han quedado intervenidos, sin capacidad para atender necesidades ciudadanas urgentes. El desigual trato que en estas leyes reciben las corporaciones locales no se ha disimulado cuando se las obliga a registrar siempre equilibrio presupuestario mientras se permite que las administraciones autonómicas y la estatal puedan presentar déficits. Con la excusa de la crisis, se ha obstaculizado a los gobiernos locales poder reforzar sus plantillas con el personal necesario para combatir las crecientes desigualdades y para modernizarse. Y se les ha forzado a generar superávits millonarios que se destinan a pagar a los bancos mientras la precarización y las desigualdades se disparan.

Debilitar a los municipios cuando en Europa emergen propuestas xenófobas y racistas es de una grave irresponsabilidad. De hecho, este proceso no es sólo un golpe contra el municipalismo, sino contra la propia democracia.

La semana pasada en Valencia, diferentes ayuntamientos nos reunimos para denunciar esta situación y exigir una financiación más justa. Junto a la anfitriona, Barcelona, Madrid, Coruña, Cádiz, Zaragoza, Pamplona, Badalona y decenas de ciudades más pusimos sobre la mesa exigencias elementales: que no se nos impida contratar personal imprescindible para prestar servicios de calidad; que las transferencias del Estado o de las comunidades a los municipios dejen de ser cajas negras; que puedan preverse y que sean incondicionales; que se nos dé mayor autonomía y potestad normativa en impuestos como el IBI, el IRPF o el IVA; que no se nos obligue a acumular superávits millonarios en la caja o a destinarlos a amortizar deuda. Porque necesitamos esos recursos para asegurar la cohesión, apuntalar el tejido productivo local y ayudar a quienes peor lo están pasando. Y porque necesitamos que quienes más tengan hagan un esfuerzo mayor por contribuir al bien común.

Para cambiar esta realidad, hace falta determinación política, alianzas amplias y sentido de la urgencia. Por un lado, para acabar con los obstáculos que impiden el cambio, comenzando por la propia Ley Montoro, rechazada incluso por ayuntamientos gobernados por PSOE y PP y tumbada parcialmente por una sentencia del Tribunal Constitucional. Desde aquí queremos emplazar al PSOE a que revise su tibia posición en el Congreso y actúe decididamente por transformar una ley enormemente nociva para la democracia local.

También somos conscientes de que la situación no se resuelve con retoques cosméticos. Hace falta una transformación de fondo. Nuevas iniciativas constituyentes para construir, desde abajo, un municipalismo a la altura de los grandes retos del siglo XXI.

Este impulso transformador cuenta con precedentes que no podemos olvidar. La defensa histórica de los fueros y libertades comunales contra el mal gobierno. Las corrientes municipalistas republicanas de los siglos XIX y XX. El movimiento municipalista nacido en la oposición al franquismo. El propio proceso democratizador que cristalizó en nuestras ciudades en mayo de 2015. Necesitamos actualizar y potenciar este legado. Para frenar una recentralización que está vaciando de contenido la propia idea de democracia, pero también para construir una Europa social, genuinamente solidaria, capaz de desactivar desde la base los virus de la desigualdad y el racismo que hoy se expanden peligrosamente ante nuestros propios ojos.

Texto firmado por los concejales Gerardo Pisarello (Barcelona), Carlos Sánchez Mato (Madrid), Eugenia Vieito (La Coruña), Fernando Rivares (Zaragoza), María Rozas (Santiago), David Navarro (Cádiz), Alba Doblas (Córdoba), Patricia Perales (Pamplona), Rubén Rosón (Oviedo) y José Téllez (Badalona).

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