En una reunión del alcalde de Zaragoza Pedro Santisteve y del Consejero de Economía Fernando Rivarés con agentes sociales: empresarios, sindicatos, asociaciones de vecinos y asociaciones de consumidores (CEOE, Cámara de Comercio, UGT, CC.OO, OSTA, Federación de Barrios, Unión Vecinal Cesaraugusta, UCA Aragón, UPTA,  ATA Aragón, Asociación de Jóvenes Empresarios, AICAR-ADICAE, Asociación de Empresa Familiar Aragón y Asociación Consumidores Torre Ramona)  se ha conocido que Zaragoza cumplirá con el requirimiento de entrega del padrón que DGA ha hecho previa a su reclamación por vía judicial. Así mismo, se ha  anunciado que se van a interponer dos nuevos recursos administrativos contra el cobro de este injusto impuesto.

Así mismo, Rivarés ha anunciado que el ayuntamiento comenzará una campaña institucional para informar a toda la población sobre este impuesto y lo que supone.

Hasta la fecha ya se habían presentado un recurso contencioso administrativo por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y otro presentado por 50 diputados de Podemos e Izquierda Unida ante el Tribunal constitucional. Mientras no resuelvan, Zaragoza ha de cumplir legalmente con la norma establecida. Hay que recordar que PP y PSOE impidieron con sus votos que fuera el propio ayuntamiento el que presentara recurso de insconstitucionalidad y hubo que recurrir a que lo presentaran los diputados de dos de las formaciones que componen Zaragoza en Común.

Así mismo, los votos de PP. PSOE y PAR también fueron decisivos para que las Cortesde Aragón no bonificaran el impùesto para los vecinos y vecinas de Zaragoza al 99% como habían solicitado Podemos e Izquierda Unida.

Ello no implica que renunciemos a seguir peleando contra este impuesto concebido para poder pagar el desmedido e irracional plan de depuración de las aguas de Aragón, sobre el que pesa una enorme sospecha de corrupción de sus gestores, el PAR, y sus socios en diferentes gobiernos que lo han permitido o tapado. El plan de saneamiento será investigado en las Cortes de Aragón tras conocerse un informe del Tribunal de Cuentas que cifra en 587 millones el coste para los zaragozanos y zaragozanas en los próximos 20 años.

Además de cobrar por algo que ya se está pagando (la depuración de aguas) con unas depuradas construidas y mantenidas íntegramente con dinero de los vecinos y vecinas de Zaragoza, el cobro del ICA viene a romper con la política tributaria y progresiva que el recibo del agua tiene en la ciudad, lo que hace aún más injusto este impuesto.

En la reunión se han tratado también otros temas como el empleo o la situación de las cuentas de la ciudad. Todos los agentes sociales, excepto la CEOE, se han mostrado favorables a los procesos de remunicipalización.