La Ley Montoro y la disposición 27 de los Presupuestos Generales del Estado, que el PP quiere aprobar, imponen austeridad, recortes e impide la municipalización y recuperación de los servicios públicos.

Se trata de un grave ataque a la autonomía local, que además blinda los beneficios de las empresas privadas. Por eso, ayer alcaldes y concejales y concejalas de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Coruña y Terrassa se reunieron en el Congreso de los Diputados con los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDCAT y PSOE, para emplazarles a rechazar esta disposición adicional.

La disposición adicional 27 se titula “limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público” y en ella se señala que con la entrada en vigor de la ley de presupuestos, y con una vigencia indefinida, las administraciones públicas no podrán considerarse como empleados públicos ni incorporarlos a esta condición a los trabajadores de las contratas al finalizar el contrato o si se produce un rescate. Esto implica que los trabajadores y trabajadoras perderían el derecho a la subrogación que tienen reconocida por la normativa laboral si el servicio se gestiona desde lo público.

En los supuestos, excepcionales según el texto, en los que el personal sea incorporado a sociedades mercantiles públicas, se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivo, lo que imposibilita legalmente que se pueda municipalizar ninguna contrata con un número de personal elevado, es decir, beneficiando a las grandes contratas.

Quieren arrasar con todo, pero entre todas les vamos a parar.