Así como la externalización de la gestión de los servicios públicos se ha justificado mediante el dogma neoliberal de que lo privado siempre es más eficiente que lo público, la remunicipalización parte de la premisa de que la única orientación que debe guiar la prestación de un servicio público es su impacto social (calidad servicio, calidad empleo, sostenibilidad) y no debe estar condicionada por la obtención del maximo beneficio posible de una empresa.

La experiencia de décadas de servicios públicos gestionados por empresas privadas nos ha permitido conocer muy bien los problemas que tiene este modelo de gestión. El principal problema viene derivado de dos hechos intrísecos a la externalización y que al actuar simultaneamente multiplica el riesgo de una prestación deficiente del servicio así como del fomento de prácticas incorrectas. Estos dos hechos son: a) como los ingresos son fijos, los beneficios de la empresa no dependen de la calidad con la que presta el servicio sino de los costes que le supone la prestación, por lo que persigue reducir al máximo los costes aún a costa de la calidad del servicio; b) la adjudicación del contrato se hace, en buena medida, a la oferta más baja, por lo que esta competencia lleva a las empresas a hacer ofertas por debajo del coste real estimado y luego, puesto que tienen que tener beneficio, inevitablemente tratar de reducir esos costes estimados para una correcta prestación del servicio repercutiendo negativamente en la calidad del mismo.

Las consecuencias negativas de la externalización (mala calidad del servicio, precariedad laboral, despidos, corrupción) no son debidas exclusivamente a la irresponsabilidad de determinadas empresas sino que obedecen a las causas estructurales que acabamos de describir. Aunque sería posible unos servicios públicos externalizados mejor gestionados que los actuales si hubiera una buena inspección y no hubiera corrupción en la Administración, lo cierto es que la búsqueda del máximo beneficio de empresas con más poder que los propios gobiernos locales genera los problemas que ya conocemos. Por ello, cada vez más gente entiende que lo más razonable para lograr unos servicios públicos de calidad con el mejor impacto social posible necesariamente implica un cambio en el modelo de gestión siendo ésta asumida directamente por la Administración.

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