Los Ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y las que más competencias asumen. A pesar de esto, son las administraciones que menos asegurada tienen su financiación, en el marco de un sistema injusto, discriminatorio e insuficiente que ni siquiera permite la progresividad fiscal. Dependen, básicamente, de impuestos que no pueden vincularse a la riqueza real y que, por tanto, no son justos en su aplicación.

Las administraciones locales deben asegurar servicios públicos de calidad, redistribuir la riqueza, atender las necesidades básicas de la población, generar espacios públicos urbanos sostenibles e inclusivos. Deben contribuir a nuevas formas de ocupación, producción y consumo que cuiden de las personas y el medio ambiente. Los Ayuntamientos deben asegurar el bien común, pero están siendo condenados a perpetuar la falsa idea de que privatizar lo público y gestionar desde lo privado es mejor para la sostenibilidad económica.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local rompe con el principio de autonomía municipal, que sigue siendo una causa pendiente de la democracia. Hoy, esta circunstancia legal asfixia a los ayuntamientos. Numerosas leyes merman la captación de recursos municipales en beneficio de organizaciones privadas o religiosas. La ley mencionada hace un auténtico ejercicio de ilusionismo jurídico para hacer desaparecer a partir del 1 de enero de 2016 las competencias de carácter social que venían prestando los ayuntamientos y que pasarán a ser de las Comunidades Autónomas.

En este marco legislativo, ni el superávit de la administración local garantizaría beneficios sociales a la población, sino que el mismo deberá estar destinado a seguir saciando a los tenedores de deuda. Es decir, aunque un consistorio consiga cumplir con la amortización de la deuda y además genere superávit, no podrá invertir ese dinero en inversión social. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su artículo 12 sobre “Regla de Gasto” exige que deberá servir para adelantar pago de deuda.

En este sentido, es esencial el papel frustrante y desigualador del art. 135 de la Constitución impuesto por poderes no elegidos y que confrontan con las necesidades básicas de la mayoría. Los Ayuntamientos sufren sistemas tributarios y marcos legales agotados, no dan para más. Necesitamos crear las lineas básicas de un nuevo sistema de financiación local del siglo XXI.

Los ayuntamientos de las ciudades firmantes, exigimos al Gobierno Central que de modo inmediato aborde la reforma de todo el sistema tributario de las administraciones locales para garantizar:

  • una Ley de Financiación de los Ayuntamientos suficiente y sostenible con criterios de progresividad y justicia social y sostenibilidad medioambiental
  • la modificación la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que las necesidades sociales no estén subordinadas a los planes económico-financieros de re-equilibrio previstos en dicha ley.

 

Estas ciudades colaborarán mutuamente en torno a estos criterios esenciales como objetivos y en el impulso de una nueva mayoría social de cambio.

 

Ayuntamiento de Madrid

Ajuntament de Barcelona

Ayuntamiento de Zaragoza

Ayuntamiento de Alicante

Concello de Santiago

Concello de A Coruña

Ajuntament de Badalona

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