Aprobamos en Gobierno requerir la colaboración necesaria del Decanato Territorial de Aragón del colegio de Registradores de la Propiedad,  para que se facilite al Ayuntamiento de Zaragoza una relación telemática de todos los inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica en la capital aragonesa, con los datos de identificación precisos para poder realizar un inventario de todos los bienes inmuebles ubicados en Zaragoza inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1978, que incluya la certificación catastral de la parcela o parcelas, y la delimitación geográfica de la finca, para trabajar en su vuelta a la titularidad pública.

El pasado 27 de mayo, el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción de CHA en la que instaba al Gobierno de la ciudad a solicitar la información relativa a las inmatriculaciones desde la reforma del reglamento hipotecario en 1998 hasta la actualidad y, a partir del cual, impulsar la recuperación de dicho patrimonio como bienes de titularidad pública. En cumplimiento de la moción aprobada, a comienzos del pasado mes de julio se iniciaron las solicitudes de información al Ministerio de Justicia y al Gobierno de Aragón. A día 1 de diciembre de 2016, ante la falta de contestación, se reiteraron las solicitudes. Hasta hoy no se ha recibido ninguna información ni contestación sobre las cuestiones demandadas.

La Ley Hipotecaria de la dictadura franquista establecía desde su aprobación inicial en 1946 la posibilidad de inmatricular los bienes de la Iglesia Católica a través del llamado certificado de dominio emitido por el diocesano del lugar, un privilegio registral que ya ha desaparecido del ordenamiento. Este proyecto faculta para la inmatriculación, finalmente, sólo a las Administraciones Públicas y Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia. Una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo nos da la razón.

Además, Zaragoza deja de percibir 2’5 millones de euros al año en concepto de IBI de los edificios de la Iglesia que pagan todos los demás por el Concordato del Estado español con el Vaticano y otro 1’2 por la Ley de Fundaciones.

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