Gracias al ejercicio de transparencia que ha supuesto el inicio de la auditoría interna,  el Ayuntamiento de Zaragoza ha detectado hasta 38 sentencias firmes por una cuantía de 45 millones de euros no presupuestados y a los que hay que hacer frente de manera inmediata.  A su vez, se espera que a inicios de 2016 haya nuevas sentencias por otros 45 millones aproximadamente.
La única previsión con la que se ha encontrado Zaragoza en Común en los actuales presupuestos para hacer frente a esos pagos ha sido de 250.000 €, lo que muestra una falta de prudencia financiera y económica.
Esta cuantía es, en gran medida, por los más de 19 millones de euros en intereses a los que ha sido condenado el ayuntamiento, lo que implica tener que pagar

Ante esta situación de auténtica emergencia, el gobierno de la ciudad por la responsabilidad que tiene ha acordado  solicitar ayuda al Fondo Impulso Económico 2015 por un importe de 44.817.270,52 € y a hacer una previsión para el de 2016 de  45.380.021, 52 €. Unos 90 millones en total.

Este fondo tiene un tipo de interés muy inferior al de mercado (1,3%) y contempla un pago a 10 años con los dos primeros de carencia. La única obligación que supone es dedicar al fondo de contigencia (donde ahora había esos 250.000 €), el 1% del presupuesto, más de 6 millones de euros, considerando los técnicos municipales que es un gasto asumible.

La alternativa que había para cumplir con la legalidad jurídica

¿Porqué se ha llegado a esta situación?

Siendo la razón la falta de prudencia financiera por no dotar de créditos suficientes a estas contingencias que se sabía iban a llegar, distinguimos otras 3 razones.

  • Lentitud de la justicia, provocada por la histórica axfisia de la administración de justicia. Algunos de los procesos sobre los que se acaba de resolver datan del año 1997, lo que implica que los intereses se disparen.
  • Estrategia de “patada hacia delante”. Durante estos años se ha llevado una estrategia consciente y deliberada de recurrir sentencias judiciales para evitar tener que afrontarlas. Esto ha incrementado de manera notable los intereses de lo adeudado.
  • Uso de los servicios como forma de financiación encubierta. Como ha señalado muchas veces el interventor, muchas partidas, principalmente las de servicios de las grandes contratas como el transporte, se dotan muy por debajo de su coste real. Estas empresas reclaman judicialmente de manera que no sólo cobran el coste real del servicio prestado, sino también los intereses de demora. Además, esta práctica implica hipotecar al ayuntamiento de cara a cualquier negociación o remunicipalización.

 

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