Aprobación de unas ordenanzas fiscales injustas

El primer punto del orden del día fue la aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales que los grupos municipales han ido debatiendo desde finales de octubre y que han supuesto uno de los principales caballos de batalla de Zaragoza en Común: la aprobación de unas ordenanzas fiscales que a través de dos impuestos clave como el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), pretendían subir los impuestos a las grandes rentas y superficies para recaudar más y poder invertirlo en políticas sociales.

Tras las campaña de movilización de ZeC en los barrios de Zaragoza y las casi 360 alegaciones presentadas por diversos particulares y entidades sociales, las ordenanzas se ratificaron definitivamente en el pleno de ayer 23 con idéntico resultado: PP, PSOE y C’s volvieron a hacer la pinza a la progresividad fiscal, rechazando las alegaciones presentadas. En palabras de Fernando Rivarés: “las ordenanzas que se aprueban hoy condicionarán los presupuestos de 2016. Son nefastas para la ciudad porque no permiten recaudar lo que una ciudad estrangulada financieramente como Zaragoza, necesita para hacer políticas sociales para los vecinos y vecinas”. Para Rivarés, “las ordenanzas que se aprueban privilegian a los ya privilegiados. Hoy se aprueba el Catastrazo”.

El Ayuntamiento de Zaragoza presentará una querella contra los crímenes del franquismo

Tras la aprobación de las nuevas ordenanzas fiscales, el pleno aprobó la moción presentada por CHA que insta al Gobierno Municipal a presentar una querella criminal contra los crímenes del franquismo adherida a la querella argentina, a revisar el callejero municipal, a rendir una memoria justa a los trabajadores y trabajadoras municipales represaliados por la dictadura, a crear un Centro de la Memoria Histórica y a instar al Gobierno de Aragón a iniciar una Ley Aragonesa de Memoria Histórica.

El punto de la moción referente a la querella salió adelante con los votos de CHA y ZeC, la abstención de PSOE y C’s y los votos en contra del PP, mientras que los puntos concernientes al homenaje a los trabajadores municipales represaliados, a la creación de un centro de Memoria Histórica y a la revisión del callejero contaron con la aprobación de CHA, ZeC, PSOE y C’s y la abstención del PP.

Pablo Híjar, afirmó durante su intervención que su grupo municipal apoya “punto por punto la moción presentada por CHA sobre memoria histórica y reparación a las víctimas del fascismo y añadimos que ese reconocimiento se extienda a todos los trabajadores y trabajadoras represaliadas”. Híjar explicó que Zaragoza en Común “está de acuerdo porque en lo concerniente a tratamiento de la Memoria Histórica en el estado español, sólo podemos hablar de vergüenza. No podemos olvidar que lo que se aplicó en Aragón fue un genocidio político, por eso la justicia es un derecho”. Asimismo, ZeC presentó además dos transaccionales a esta moción que contemplan revisar y eliminar toda la simbología y nomenclatura fascista del término municipal de la ciudad, instar al Gobierno Municipal a la creación de una ruta de lugares de la Memoria y revisar todos los honores y condecoraciones concedidos por el Ayuntamiento durante la dictadura.

Llevamos a pleno la incoherencia e injusticia del ICA

El pleno de Zaragoza aprobó una moción de urgencia presentada por ZeC en la que se rechaza la reforma legislativa con la cual el Gobierno de Aragón pretende imponer el cobro del ICA a los habitantes de Zaragoza. Tal y como Luisa Broto denunció, “se trata de un impuesto injusto que se va a aplicar a la ciudadanía de Zaragoza, del cual el Gobierno de Aragón espera recaudar 16 millones de euros. Si Zaragoza ya ha pagado sus propias depuradoras, ¿por qué tenemos que volver a pagar? ¿A dónde va a ir destinado ese dinero?”.

Incomprensible para Zaragoza en Común resulta la postura del PSOE en el gobierno aragonés, “¿cómo es posible que Fernando Gimeno, anterior consejero de Economía, rechazara firmar este impuesto y ahora desde la DGA lo quiera imponer a la ciudad de Zaragoza sin siquiera contar con el Ayuntamiento?”.

La moción de ZeC pretende, por un lado buscar una postura unitaria de los grupos frente al ICA y por el otro, instar el Gobierno de Aragón a establecer puentes con el Ayuntamiento y abrir un diálogo sobre este tema, ya que como asegura Broto “no se va a cobrar el ICA de manera unilateral y sin el consentimiento de Zaragoza”, pero el Ayuntamiento lleva desde el mes de septiembre esperando una respuesta de sus homólogos de la DGA.

Luisa Broto añadió que la imposición del ICA supondría el fin de las bonificaciones fiscales para las familias que más lo necesitan. Por poner solo un ejemplo “para un hogar de cuatro personas que disfrute una bonificación de tipo 1, el ICA supone un incremento de un 123% en el recibo del agua. En hogares sin bonificación, el incremento en la factura por la aplicación del ICA supondrá entre un 35 y un 51%, en función del número de miembros. Algo inadmisible”.

La moción contó con los votos a favor de CHA, PP y ZeC y las abstenciones de PSOE y C’s.

Esta no fue la única moción dirigida al Gobierno Aragonés. El Pleno aprobó una moción presentada por el PP para instar a la DGA a incluir en su presupuesto de 2016 al menos 25 millones para el Ayuntamiento de Zaragoza. Una financiación necesaria y clave para que la ciudad pueda seguir prestando los servicios a la ciudadanía (algunos de ellos de emergencia social básica) que ya presta en función de su Capitalidad.

Contra la democratización de los procesos participativos en las elecciones de los Barrios Rurales

Una vez más, el PSOE instó a derogar el decreto que se aprobó hace unas semanas en el que se convocaba a una encuesta ciudadana a los vecinos y vecinas de los Barrios Rurales para elegir a sus vocales. Con este decreto, Zaragoza en Común pretendía evitar la práctica arraigada de que los vocales fuesen elegidos por nombramiento de los grupos municipales y favorecer así la democratización y apertura de las instituciones más cercanas a los vecinos y vecinas de los barrios rurales.

La moción del PSOE fue aprobada, ya que contó con el apoyo del resto de partidos políticos a excepción a ZeC. En palabras de Pablo Muñoz, “la ciudadanía está hablando claro. Se están pidiendo procesos participativos profundos y ustedes no quieren escuchar”. También Pedro Santisteve tuvo que intervenir para explicar que la democracia sustancial, es “la expresión de una ciudadanía que se empodera con criterios de participación”.

El Pleno de Zaragoza contra el uso del glifosato

Aprobada por unanimidad fue otra de las mociones de CHA contra el uso del glifosato como herbicida en los parques y jardines de nuestra ciudad.

Alberto Cubero señaló en su intervención que a pesar de que “hay sobradas pruebas de que el glifosato es nocivo, las leyes de los estados permiten su uso, ¿será por qué es un producto de Monsanto?”. Por eso el Ayuntamiento de Zaragoza ya está trabajando en buscar una alternativa a este herbicida.

El salón de plenos como espacio de reivindicación social

Además de la discusión de las mociones, el pleno fue también un espacio de encuentro para que entidades vecinales o sindicales llevasen su voz a la institución y trasladasen sus problemas a los representantes políticos de la ciudad.

En el caso del pleno del 23 de diciembre, durante una de las mociones del PP en la que se exigió al Gobierno de Zaragoza control sobre la huelga de autobuses, trabajadores de AUZSA intervinieron desde el público con carteles reivindicativos y pidiendo la remunicipalización de la contrata del servicio de transporte público, defendiendo su derecho a huelga para exigir un transporte público de calidad y el respeto al convenio que firmaron con la empresa. AUZSA mantiene desde 2013 congelados los salarios de los conductores y ha reducido el tiempo para realizar el recorrido de cada línea, obligando a los conductores a realizar más kilómetros en menor tiempo y perjudicando así la calidad del servicio ofertado.

Según los trabajadores, la empresa se niega a negociar un nuevo convenio, en detrimento de una peor servicios prestado y además denuncian que se empleara dinero público en pagar los 153 despidos del ERE de AUZSA.

La última de las intervenciones fue la de Carlos Lastanao, representante de la Plataforma Vecindad sin Agua de Santa Isabel-Montaña quien recordó los problemas y la mala calidad del suministro de agua que padece esta parte de la ciudad y lo que supone para los y las vecinas el abono de una tasa municipal de 900 euros para el suministro en camión cisterna.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies