Cierto es que muchos de los problemas generados por la externalización de los servicios se deben en parte a una incorrecta política de control y fiscalización del uso del dinero público. Desde el Gobierno hemos denunciado en innumerables ocasiones las malas prácticas que había y que todavía en parte persisten en relación al control de las contratas. Estas malas prácticas se pueden resumir sobre todo en tres aspectos:

1. Una redacción incorrecta de los pliegos técnicos y administrativos que a) dificulta la inspección al no concretar de manera suficiente las obligaciones del contratista; b) tiene un enfoque puramente economicista, habiendo una ausencia de clausulas sociales y siendo la oferta económica la variable que más ponderación tiene en la adjudicación de manera que se fomentan las ofertas temerarias con sus posteriores consecuencias; y c) la gravedad y cuantía de las sanciones que se contemplan en los pliegos administrativos son muy leves y por tanto no disuaden a las empresas de incumplir y tratar de engañar al Ayuntamiento

2. Una muy deficiente e incluso ausencia total de inspección de las contratas. En la mayoría de las contratas, el ayuntamiento simplemente se fía de que la empresa cumpla con sus obligaciones pero no lo comprueba. De hecho, únicamente tres contratas de las más de 140 tienen servicio de inspección asociado, por lo que el resto de contratas no son apenas fiscalizadas a pesar incluso de las innumerables denuncias existentes a través del Observatorio de la Contratación (órgano participativo que ha resultado clave para visibilizar todas estas malas prácticas).

3. Un rechazo casi sistemático y generalizado por parte de los servicios municipales a abrir expedientes sancionares a las empresas, limitándose en la mayoría de los casos a deducir el importe detectado como facturado incorrectamente. Esta reticencia a abrir expedientes de sanción fomenta que las empresas traten de engañar al ayuntamiento puesto que si son pilladas en el engaño únicamente se exponen a que se les descuente la parte que han facturado incorrectamente.

Nuestra llegada al Gobierno ha implicado una apuesta clara por la corrección de estos tres problemas. Sin embargo, son evidentes los límites estructurales que hay para realizar una correcta inspección. Las contratas emplean a más de 5 mil trabajadores, por lo que las necesidades de inspectores para controlar correctamente que estas empresas cumplen con sus obligaciones serían ingentes. Especialmente si como hemos visto la tendencia de estas empresas es a tratar de incumplir los pliegos ya que de ello se deriva un incremento directo de sus beneficios. Además, muchas veces las sanciones terminan siendo recurridas por las empresas que cuentan con potentes gabinetes de abogados para defender sus intereses.

Esta realidad nos ha llevado a la conclusión de que más allá del voluntarismo y la voluntad de tratar de dotar de recursos de inspección a los servicios, estos recursos siempre van a ser insuficientes. Por tanto, lo más eficaz para lograr que los servicios se presten de manera adecuada es desvinculandolo del beneficio privado, es decir, remunicipalizándolos. Otra alternativa interesante en algunos casos sería la externalización a empresas de economía social mediante contratos protegidos que no priman la oferta económica sino el impacto social.

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