Podemos clasificar los efectos perniciosos de la externalización en tres niveles:

– Calidad del servicio: La manera objetiva de fijar unos estándares e indicadores de calidad del servicio es mediante el pliego de condiciones técnicas que establece cuáles son las obligaciones del contratista en relación a la prestación del servicio. El tipo de obligaciones que se establecen pueden depender enormemente en función del tipo de servicio pero también de cómo se han redactado los pliegos (a veces la redacción de los pliegos se hace de manera que se puede prestar mal un servicio sin incumplir específicamente los pliegos). Ocurre que, con el objeto de reducir costes y por tanto aumentar beneficios, las empresas no cumplen los pliegos, en ocasiones de manera muy flagrante. La experiencia nos dice que el Ayuntamiento históricamente ha mirado a otro lado respecto a estos incumplimientos, incluso cuando eran escandalosos. Pero también es cierto que aunque haya una voluntad real de hacer cumplir los pliegos, el volumen de trabajo externalizado a fiscalizar en relación a los recursos disponibles para la inspección hace muy complicado asegurar la correcta prestación del servicio. Máxime cuando la cuantía de las sanciones que se pueden imponer son ridículas en relación al volumen de facturación del servicio.

– Empleo: La inmensa mayoría de los servicios municipales son muy intensivos en mano de obra, es decir, el principal gasto es el laboral. Ello hace que sea el coste más flexible para una empresa a la hora de buscar reducir sus gastos y por ello la batalla de la empresa por reducir costes laboral es estructural en cualquier servicio externalizado. Hay fundamentalmente dos maneras de reducir los costes laborales. Por un lado, mediante despidos que reducen el número de trabajadores contratados. Los despidos después de la adjudicación de una contrata es algo frecuente pues tras una oferta a la baja suele haber la “necesidad” de ajustar costes para hacer la prestación del servicio rentable. Claro que menos trabajadores implica destrucción de empleo, más intensificación del trabajo para los trabajadores que se quedan y por supuesto peor calidad en la prestación del servicio. Incluso cuando los pliegos establecen el número de trabajadores que tiene que haber contratados en la prestación del servicio, las empresas lo han incumplido con total impunidad. La otra manera de reducir costes laborales es precarizando el empleo: intensificación del trabajo, mayor exigencia de “flexibilidad” en la jornada a los trabajadores, reducción de salario y jornada. Cabe apuntar que el escaso margen de aumentar la productividad en estos servicios mediante cambios en la organización del trabajo o mediante innovación tecnológica hace que en la práctica las empresas recurran a reducir costes laborales haciendo trabajar más por menos dinero (y por supuesto haciendo de la represión sindical una constante ya que esta estrategia se viene abajo si hay una plantilla combativa y organizada).

– Coste económico: La calidad del servicio hay que ponerla en relación con el coste de dicho servicio, es decir, tenemos que hablar de la eficiencia de un modelo de gestión u otro. La externalización se ha realizado bajo el argumento de una mayor eficiencia que se ha destapado falsa puesto que una parte significativa del dinero que se gasta la ciudad no se invierte en la prestación del servicio sino que termina incrementando el beneficio de la empresa (además del beneficio estimado, hay un beneficio extra derivado de reducciones en los costes a costa del incumplimiento de los pliegos). Por tanto, puesto que el coste de un servicio hay ponerlo en relación a la calidad de servicio que se obtiene, podemos afirmar con rotundidad que la externalización de los servicios públicos hace que estos sean más caros. En muchos casos, la existencia de facturas con IVA (a veces el 21%, otras veces el 10%) también encarecen el coste del servicio respecto a lo que costaría si estuviera remunicipalizado.

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