Desde el sectorial de feminismos de Zaragoza en Común, manifestamos nuestra disconformidad y profunda preocupación por las consecuencias que acarreara la privatización del servicio de asistencia jurídica a mujeres, un servicio esencial que el Gobierno de Aragón debería salvaguardar y garantizar. Consideramos que es un atentado a la dignidad e integridad de las mujeres aragonesas.
Esta privatización es tremendamente grave porque afecta a los derechos de las mujeres víctimas de violencia y los derechos de las demás mujeres que requieren una atención especializada para salvaguardar sus derechos y con ello, se va a empeorar un servicio que se presta de forma brillante y profesional por el Colegios de Abogados desde hace más de 20 años.
Los colegios de abogados son entidades sin ánimo de lucro, con más de 150 personas dando asistencia jurídica por todo el territorio aragonés, en los servicios sociales comarcales, locales.. La calidad en la prestación de este servicio de asesoría jurídica con profesionales, con código deontológico, lo garantizan los colegios de abogados.
La asesoría jurídica no se puede desvincular de las guardias del turno de oficio y la garantía del principio constitucional del acceso a la justicia. Creemos que no se puede mercantilizar un servicio de estas características y dudamos que cualquier entidad o empresa privada con ánimo de lucro, que busca maximizar sus beneficios económicos, pueda prestar los mismos servicios esenciales.
La asesoría jurídica a mujeres y a todas las que sufren violencias machistas, que son la gran mayoría, como reconocen las y los letrados de oficio a través del Colegio de Abogados, es un servicio esencial que debe preservarse en interés de las mujeres y por el compromiso social y político de acabar con las violencias. y la desigualdad entre hombres y mujeres.
No entendemos porque tanto esfuerzo en ampararse en los informes técnicos para privatizar servicios básicos y no buscar con voluntad política el medio adecuado para amparar y defender los derechos de las personas a las representan como servidores públicos.. La directiva europea en la que se arroga el gobierno de Aragón, por mandato de la intervención general, y la propia ley de contratos contemplan, la excepcionalidad de sacar a concurso los servicios de carácter social.
Sostener, mantener y ampliar los servicios esenciales para la ciudadanía y la asesoría jurídica a mujeres maltratadas debería ser una prioridad de nuestras políticas y para ello, se requiere una voluntad que, hoy por hoy, no encontramos en la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, ni en la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ni el Gobierno de Aragón . Esto es una cuestión de justicia.
