Ante la desinformación, Pablo Muñoz ha explicado que el gobierno de la ciudad no ha entregado los datos del padrón a DGA para cobrar el ICA.

“Políticamente nos negamos a entregar los datos del padrón, pero incluso jurídicamente tenemos dudas de que sea viable” ha señalado Pablo. Existen dudas jurídicas, planteadas en los tribunales, sobre si la petición de los datos del padrón choca frontalmente con la ley de protección de datos.

“Seguiremos agotando las posibilidades legales y políticas en defensa de los intereses de las vecinas y vecinos de Zaragoza”. Actualmente hay una ofensiva legal ya en marcha, con recursos en el contencioso administrativo y en el tribunal constitucional, para evitar que las vecinas y vecinos tengan que pagar un impuesto injusto a todas luces.

“El cobro del ICA sólo intenta esconder las vergüenzas de la estafa del Plan de Saneamiento”. En defensa de los intereses de Zaragoza y de cientos de municipios en todo Aragón, no podemos sino cuestionar este Plan.

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