Este martes 4 de octubre, Pedro Santisteve, Fernando Rivarés, Xulio Ferreiro (alcalde de A Coruña), Rita Maeste (Madrid), Gerardo Pisarello (Barcelona) y David Navarro (Cádiz), han acompañado en el Congreso de los Diputados al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, en la presentación una iniciativa legislativa destinada a acabar con la infame Ley Montoro que subyuga a nuestros ayuntamientos y corporaciones locales, restringiendo sus competencias, y aumentando sus costes al hacer primar la privatización de los servicios frente a la municipalización de los mismos.

Esta proposición de Ley es una vuelta al consenso anterior a 2013 y el pistoletazo de salida a un proceso participativo donde todos los ayuntamientos y la sociedad trabajen juntos por una nueva municipalidad: con nuevas competencias, con una nueva financiación y con garantías de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

Con la aprobación de esta PL, los ayuntamientos podrán recuperar la autonomía local, lo que se traduce en:

•     Primar la gestión directa de servicios municipales a la privatización, reduciendo así los sobrecostes que supone la externalización de los mismos.
•     Recuperar competencias y establecer nuevas, como por ejemplo el fomento del empleo, la lucha contra las violencias machistas y la participación municipal.
•     Consensuar un nuevo municipalismo para el país: la Ley propone un proceso participativo donde se traten los tres ejes fundamentales de este nuevo municipalismo, que son una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y aumentar las competencias de los Entes Locales y repensar el papel de las Diputaciones; un nuevo sistema de financiación local que garantice derechos y prestación de servicios esenciales a los ciudadanos; y una apuesta por la transparencia y la participación directa y vinculante de la ciudadanía.

Además, la ley define cuáles son los servicios esenciales que debe prestar el ayuntamiento y fija las bases para acabar con los límites a la contratación de personal de cara a prestar estos servicios, y permite, cambiando el Real Decreto que lo articula, que los ayuntamientos formalicen nuevas operaciones de crédito cuando cumplan con los requisitos de estabilidad presupuestaria.

La realidad que deja la ‘Ley Montoro’ tras de sí es desoladora. Esta Ley permitió y permite la retirada de competencias esenciales a los municipios en materia de servicios sociales, salud y recaudación tributaria en favor de las Comunidades Autónomas y Diputaciones, favoreciendo la privatización y externalización de servicios mediante el endurecimiento de las condiciones para que no fueran prestados por los propios ayuntamientos, lo que supuso a su vez una reducción de las contrataciones de personal público, una reducción en la calidad.

Foto: PODEMOS

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