El Gobierno Municipal de Zaragoza planteó entre sus principales propuestas la atención a la emergencia habitacional y el aumento del parque de alquiler social. Un compromiso a cumplir en un entorno legal y administrativo desfavorable, marcado por una legislación injusta y un estado central sumiso a los intereses de la banca. A lo que sumamos la evidente cronificación de la pobreza y por tanto de familias con enormes dificultades para hacer frente a las rentas del alquiler o las letras de la hipoteca. Así lo reconocen los estudios e informes, como el último informe de Cáritas sobre la pobreza en España publicado recientemente. Y en materia de vivienda esta cronificación y la falta de respuesta de las administraciones públicas se ha materializado en una mutación de la emergencia habitacional. A las familias que sufren ejecuciones hipotecarias, se suma una ola de desalojos forzosos de viviendas de alquiler y un incremento importante de los procedimientos judiciales por usurpación de vivienda. Cada vez, más sectores de población se encuentran en lo que ya podríamos definir como bolsas de exclusión residencial.

El reciente caso del desalojo forzoso paralizado en Santa Isabel, que estaba previsto que afectase a varias familias de un bloque propiedad de la SAREB, es un ejemplo aleccionador. El edificio terminó en manos del sector financiero procedente de la ruina de un promotor local con el estallido de la crisis. Abandonado y sin gestión, excepto un piso en propiedad de particulares, fue habitado por familias sin posibilidades de acceder a una vivienda. El 23 de octubre estaban señalados los primeros desahucios, entre las familias conviven 8 menores de edad y existía una gran incertidumbre. Las familias, que contaron con el apoyo de la plataforma Stop Desahucios Zaragoza, solicitaron al Ayuntamiento la mediación a través e la Oficina Municipal de la Vivienda -OMV-, creada en el verano de 2015 con el fin de dar respuesta a la emergencia habitacional en su conjunto, atendiendo a la realidad descrita con anterioridad con un nuevo programa de mediación dirigido al alquiler, abriendo la cobertura en el mismo a casos en precario o procedentes de la usurpación de viviendas de entidades financieras. El martes, 18 de octubre, la entidad gestora del activo de SAREB comunicó a la OMV la suspensión de los desalojos. La mediación municipal ha logrado colaborar activamente en detener la sinrazón y comprometer a la entidad en la búsqueda de soluciones alternativas.

Hay que reconocer el esfuerzo de los profesionales de la Oficina Municipal de la Vivienda, así como el del resto de Áreas de Zaragoza Vivienda, que de forma trasversal participan en los expedientes. Siempre trabajando contra contra el reloj y con la presión de los desahucios señalados.

También, una vez más, se demuestra la importancia de la auto-organización de las familias afectadas por estas emergencias. Sin el empuje y apoyo mutuo que propician las plataformas, sin la denuncia y la exigencia de soluciones, buenas noticias como la paralización de los desalojos en Santa Isabel no serían posibles.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies