Con esos dos objetivos, el Gobierno de Zaragoza en Común lanzó el proyecto de “Operación Baldosa”, un ambicioso proyecto por valor de 4’5 millones de euros a desarrollar en 2017 y 2018.

Una reserva de empleo social para garantizar una segunda oportunidad a las personas con dificultades para su inserción en el mercado laboral. Sin embargo, esto no gustó al lobby de la construcción, que interpuso un recurso en un tribunal administrativo, con el resultado de que actualmente se ha paralizado este contrato.

Sin embargo, el consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, no se rinde y, tras un encuentro con empresas del sector, PSOE y CHA, se consensúa que en lugar de enmarañarse en una batalla en los tribunales que dilataría mucho la solución a este bloqueo, la solución pasa por una modificación legislativa. Es decir, que se ha hablado con el Gobierno de Aragón para que se aclare en la Ley de Contratos la importancia y papel social que juegan las empresas de economía social.

Mientras tanto, ese tercio de inversión que se iba a destinar a la Operación Baldosa en 2017 seguirá adelante y cumplirá, al menos, uno de los dos objetivos planteados: hacer obras de mejora en el viario de los barrios de Zaragoza para renovarlos, hacerlos más accesibles y amables para vivir en ellos.

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