Continuamos con nuestra apuesta para que todos los niños y niñas que lo necesiten puedan acceder al comedor escolar y dispongan de material escolar.

La educación es un factor clave para luchar contra la pobreza y la desigualdad social. Las situaciones de pobreza obstaculizan el proceso de aprendizaje de las niñas y niños en condiciones de igualdad, lo que condiciona inevitablemente su vida adulta.

Facilitar un acceso a la educación más inclusivo y equitativo que atienda a los factores familiares y sociales  y que influyen en el acceso a la educación, debe situarse en el centro de nuestras políticas.

No existe mejor ejemplo de esto que las dificultades (sobre todo al comienzo del curso), que suponen la compra de libros de texto y la asistencia al comedor escolar, que permite conciliar la vida familiar y laboral o simplemente una adecuada cobertura de las necesidades básicas de los niños y niñas.

Pese a algunas mejoras en la convocatoria de las becas por parte del Gobierno de Aragón, la realidad es que un millar de familias quedan excluidas de las becas de comedor y material curricular del Gobierno de Aragón por razones de tipo administrativo (carecer o estar en renovación el permiso de residencia, no disponer de sentencia de separación, etc.) o económico; los ingresos que se computan son los correspondientes a la última declaración de IRPF existente en el momento de la solicitud y que en muchos casos no corresponden con la situación económica actual, situación que inevitablemente afecta al rendimiento escolar.

El Gobierno de Zaragoza en Común, como una de las medidas de su Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, viene priorizando la atención de estas situaciones a las que las becas normalizadas no llegan desde los Centros Municipales de Servicios Sociales.

Así el número de ayudas de urgencia concedidas para sufragar el comedor escolar han pasado de ser apenas 437 en el año 2014 a más de 1.300 en 2016 lo que supone casi un 200% de incremento de las mismas pese a a las mejoras en la convocatoria. Otro tanto sucede con las ayudas destinadas a material curricular en las que el aumento ha sido del 231% alcanzando las 1.341 ayudas para material.

Todo ello ha supuesto la inversión de 591.979 por parte del Área de Derechos Sociales (un 245% más que en el año 2014), pero además está inversión se enmarca dentro de las actuaciones de apoyo comunitario que desarrolla el nuevo modelo de servicios sociales, como la recientemente puesta en marcha por el  Centro de Servicios Sociales de La Magdalena.

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