Hemos presentado una moción al Pleno Municipal del 28 de septiembre para que el Pleno inste al Gobierno a regular la eutanasia y el suicidio asistido para garantizar la dignidad de las personas.
La muerte es consustancial al desarrollo de la vida, esto ha sido así desde la existencia del ser humano. En las últimas décadas, aspectos relacionados con una mayor autonomía de la ciudadanía a la hora de afrontar la muerte han ido ganando peso en el debate público, en las demandas de colectivos sociales, en las iniciativas legislativas autonómicas o en las acciones emprendidas por diferentes organismos para avanzar en la calidad de los momentos finales de la vida.
Asistimos a un cambio en el modo de enfermar y morir de la población, pues se ha pasado de un predominio de las enfermedades agudas y los accidentes a una situación en la que las enfermedades crónicas y la pluripatología dominan las estadísticas de mortalidad de la población. El alargamiento de la vida ha generalizado experiencias de sufrimiento personal, físico, psicológico, familiar y social en el proceso de deterioro y muerte de los pacientes.
Existe un amplio consenso que afirma que la finalidad de la medicina en el siglo XXI tiene dos objetivos de la misma categoría e importancia: prevenir y curar enfermedades, y ayudar a morir en paz a los ciudadanos, mediante el desarrollo de una medicina paliativa que alivie su sufrimiento y respete sus decisiones.
La sociedad española ha manifestado así en diversos estudios cuantitativos y cualitativos su apoyo creciente, hoy ya francamente mayoritario, a la regulación de la eutanasia.
Desde el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del año 1989, cuando un 58% de las personas encuestadas aprobaba que a un enfermo terminal se le suministrara alguna sustancia para ayudarle a morir, hasta el de 2011 del propio CIS, donde un 77,5% de encuestados se inclinaban a favor de regular una ley de eutanasia, el apoyo en nuestro país a esta cuestión ha sido creciente. A nivel europeo, en junio de 2015 en una encuesta de IPSOS-The Economist España se situaba en cuarto lugar, tras Bélgica, Francia y Países Bajos, con un 78% a favor de la legalización y solo un 7% en contra.
Esta situación favorable a la eutanasia en la opinión pública, sin embargo, no se ha visto_ reflejada en nuestro ordenamiento jurídico estatal, donde aún está penalizada en el Código Penal.
El desarrollo del principio de autonomía, de un derecho a la vida ligado al valor de la libertad y la dignidad de la persona, no ha de limitarse al reconocimiento de derechos en torno a recibir información médica completa y veraz, al disfrute de unos cuidados de calidad, accesibles y centrados en la persona o en el rechazo de tratamientos. Es necesario expandir estos derechos hacia la garantía pública de una buena muerte (eu thánatos) que resulte acorde con la defensa de una vida digna hasta el final, lo que incluye tanto el derecho a la eutanasia como al suicidio médicamente asistido.
Esto implica, por un lado, el fin de la confusión entre el derecho a vivir y el deber de vivir. El Estado debe proteger la vida pero no imponer el deber de vivir en condiciones penosas irreversibles, en contra de los deseos y convicciones más íntimas de uno mismo. Por otra parte, el acceso al cuidado y a la disposición de la propia vida ha de ser equitativo y universal para que también sea justo, de ahí la necesidad de su protección pública.
Según la experiencia de otros países con leyes de eutanasia como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza y Canadá, así como de cinco Estados de Estados Unidos entre los que destacan Oregon, Washington y California, tan solo una minoría de la ciudadanía solicita una muerte asistida. Sin embargo, este derecho beneficia a la totalidad de la población ya que amplía el marco de libertades y garantiza la convivencia en un espacio democrático de valores comunes como la libertad, la plena dignidad humana, la autonomía y la solidaridad.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentamos para su debate y aprobación la siguiente
Moción
1-El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes Españolas a despenalizar y regular la eutanasia y el suicidio asistido para garantizar la dignidad de las personas.