«Los Ayuntamientos del Cambio vinimos con un proyecto para este país de una profunda regeneración democrática. Nada más llegar, adoptamos medidas para luchar contra los privilegios y el clientelismo, aportar transparencia y participación ciudadana. Solo en esta legislatura, un gesto o símbolo – llámenlo como quieran- como la reducción de mi salario en una cuarta parte, le ha ahorrado a este Ayuntamiento más de 100.000 euros. La exploración de nuevas vías de comunicación con los vecinos y
vecinas, la elección de los vocales en los barrios rurales, o el éxito de los Presupuestos Participativos fueron hitos importantes en este cambio.
Vinimos también a cuestionar el escaso desarrollo constitucional de la autonomía local, con una deficiente financiación de carácter estructural. Circunstancia que ha sido puesta de relieve recientemente por nuestro portavoz de Gobierno en el foro de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Mostramos, con hechos y medidas, nuestro compromiso con la defensa de los Derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, de reunión, atención humanitaria a la crisis de las personas refugiadas. En sus actuaciones, este Gobierno se ha ceñido – como no podía ser menos- a un estricto cumplimiento de la legalidad vigente, haciendo siempre honor a la máxima de que la Administración tiene prohibido todo lo que no le está permitido expresamente, sin perjuicio de una interpretación del derecho tendente a la máxima efectividad de los derechos sociales y preservar los logros del estado social frente a la dinámica de las leyes del mercado.Prueba de ello, ha sido la reciente sentencia sobre las trabajadoras del 010, que avala las decisiones de este gobierno coherentes con el fin integrado en el ordenamiento administrativo de garantizar la permanencia y esencialidad de los servicios públicos, que solo pueden ser preservados si se aseguran los derechos y libertades de los empleados públicos.

En la misma estela de respeto escrupuloso al Estado de Derecho la revocación por el Tribunal Superior de Justicia de medidas cautelares decretadas, o el archivo por la fiscalía de esa falsa acusación a este alcalde y concejales de cinco delitos en el marco de Ecociudad.

El Gobierno de Zaragoza en Común, con este alcalde al frente,
intentó poner en marcha politicas de Gestión Pública y Participativa del agua. Políticas encaminadas a evitar cualquier
atisbo de privatización de la depuración, garantizar que las contratas del agua hicieran su trabajo y arrojar luz sobre la opaca Ecociudad. Políticas que – a pesar de que CHA y PSOE las incluían en sus programas – se encontraron de bruces con el bloqueo sistemático de la oposición. Y, así, los grupos llegaron al ridículo más absoluto: me acusaron de cinco delitos por estas razones. ¡Qué curioso! Por Inspeccionar el funcionamiento de las plantas, Intentar municipalizar una contrata. Denunciar malas prácticas de las empresas que hacen negocio con el agua, Intentar que el ciclo del agua cumpla la Directiva Marco. Y todo esto, con Chunta Aragonesista, de comparsa.

Después, tras el archivo decretado, ni la más mínima conmiseración por las infamias vertidas a este alcalde. Una denuncia que no consiguió su objetivo y que hoy traen aquí en forma de reprobación. Por todo esto, no cejaremos en nuestro empeño de poner en marcha en EZ políticas de gestión pública y participativa, de llevar a cabo las inversiones bloqueadas hasta el momento, de aplicar la transparencia y el control de las contratas.
De nuevo, ahora que queremos cumplir con la legalidad de las sociedades, viene esta reprobación, cuando nos hemos limitado a adecuar una normativa de inferior rango jerárquico, como es la normativa municipal, a una superior, como es la autonómica.

Esta Ley de Capitalidad viene a desarrollar la Ley de Grandes
Ciudades. Son leyes que refuerzan las facultades ejecutivas de los
Gobiernos locales para evitar el bloqueo de la gobernabilidad de la ciudad y, de alguna forma a, tienden a “parlamentarizar los
plenos”. ¿Cómo se viene a cuestionar ahora la legalidad de una normativa que ha pasado los controles jurídicos del Consejo Local de Aragón, la secretaría general técnica del departamento de Presidencia, la dirección general de servicios jurídicos y la dirección general de administración local? Y en la que ni tan siquiera, el PP, al formular su enmienda a la totalidad, procediera a modificar el artículo objeto de polémica.

Me pregunto: ¿Quieren decir que esta ley solo servía en un contexto de alternancia propia del bipartidismo? ¿El cuestionamiento de la norma va en función de quien la aplique? ¿La Ley de Capitalidad y su aplicación en este caso concreto solo era válida para el PP y PSOE?

Se debate acerca de si los Consejos de administración han de guardar, o no, la proporcionalidad política del pleno. A este respecto, sostienen los expertos que “no cabe asimilar una sociedad mercantil a los órganos administrativos que componen el Ayuntamiento, igual que no podemos equiparar a los concejales con los accionistas de una sociedad”, razonamiento recogido por más de una sentencia de los TSJ. Son pues los estatutos de estas sociedades los que determinan la forma de designación y el funcionamiento del Consejo de Administración, así como
los máximos órganos de dirección de las mismas, como se recoge en la Ley de Bases de Régimen Local. Incluso nuestro propio reglamento orgánico municipal, cuando alude a las Sociedades Mercantiles, indica que en el Consejo de Administración habrá “en cualquier caso, un miembro designado por cada grupo político”. Esto es precisamente la decisión adoptada por este gobierno: asegurar las funciones propias de la oposición en cuanto a acceso a la información, transparencia y control efectivo de la acción de gobierno, nada más. El Pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza sigue ostentando el control y la fiscalización de los órganos de gobierno y administración municipales. En este proceso de adecuación de la normativa municipal a la Ley de
Capitalidad, el Gobierno ha cesado a consejeros del PP y del PSOE, sin anular su presencia, pero sí impidiendo con esta firme decisión que se invadan competencias del Gobierno y se bloquee la acción del mismo.

Ahora tienen una oportunidad para demostrar lo que pueden hacer, junto a este Gobierno, por Zaragoza. Los grupos de la izquierda hemos aprobado los mejores presupuestos posibles para esta ciudad. Un ingente trabajo a base de reuniones, pactos, diálogo, negociación y acuerdos. Los presupuestos son el principal instrumento para indicar hacia dónde queremos que vaya la ciudad, para mover la economía local, generar empleo, garantizar los Derechos Sociales y unos servicios públicos
de calidad. El no querer ver lo que hay tras ellos es no darle validez a la propia palabra. Es innegable que entre los grupos de izquierda se está trabajando y avanzando en un modelo de ciudad compartido:

Regeneración de los barrios, movilidad urbana sostenible y tránsito a las renovables en el marco de la protección de la salud de nuestros vecinos y vecinas, avances significativos en la soberanía alimentaria, el apoyo al comercio de proximidad, asegurando un techo a la gente más vulnerable e incidiendo en el mercado de alquileres para evitar las burbujas que afectan gravemente en otras ciudades a la vida de sus vecinos y vecinas…
El Gobierno de Zaragoza trabaja en ambicioso Plan de Vivienda para los próximos 6 años. Lo hacemos con el objetivo de construir más de 300 viviendas y alojamientos de alquiler municipal; e impulsar la rehabilitación de más de 800 viviendas de alquiler social municipal. Esto significa una inversión de 80 millones de euros y que contará -de aprobarse- con un 50% de financiación europea -unos 40 millones de euros-. Quiero hacer hincapié en que esta es una gran oportunidad de inversión y generación de empleo que la ciudad no puede dejar pasar. Una oportunidad, también, para cientos de familias.

Podría enumerar muchas más cuestiones y elementos en los que nos podemos encontrar, por mucho que sean los desacuerdos los que se lleven, en la mayoría de las ocasiones, el protagonismo. Muchas veces, las izquierdas nos mostramos incapaces de valorar, en su justa medida, estos importantes acuerdos. Ni, por tanto, los llegamos a celebrar de forma conjunta. Es obvio que quien gana con ello es, sin duda, la derecha.

Estoy relativamente satisfecho de que este pleno traiga un debate sobre cuestiones sobre las que los diferentes grupos no están de acuerdo, reconociéndoles su derecho a expresar un juicio desfavorable. Pero me da pena: “la democracia no es controlar el chiringuito”, no es asegurar el sillón. Pensar de este modo conduce a dejar fuera cuestiones tan
importantes como las que se han retirado de este pleno y a las que ya han hecho referencia los concejales de ZEC.

Temas que seguro tenían más interés para la ciudadanía que lo que aquí se debate hoy pero lamentablemente han primado el desplazar a los telediarios el ruido, la bronca, el desencuentro… No creo que los zaragozanos y zaragozanas se merezcan esto.

Mi obligación como gobernante en la relación contraída con los
ciudadanos zaragozanos es cuidar de sus intereses y procurar su bienestar máxime si se trata servicios públicos esenciales y de prestación obligatoria, entre los que destaca el ciclo integral del agua, garantizando al mismo tiempo la plena efectividad de los derechos sociales más elementales, como el derecho a una vivienda digna. Solo les pido que volvamos a poner los 31 concelajes el punto de mira de nuestra acción política en nuestros vecinos y vecinas. Que todos pensemos en hacer ciudad».

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies