Multiplicamos casi por 3 la respuesta del Ayuntamiento a la emergencia habitacional desde el año 2015. Así lo muestran los datos de adjudicaciones de vivienda municipal de alquiler social que ha presentado el concejal de Vivienda, Pablo Híjar. En concreto, durante los últimos tres años, la sociedad municipal Zaragoza Vivienda ha cedido 634 viviendas de alquiler social, el doble que las 317 de los cuatro años del anterior gobierno en 2011-2015. En periodos anteriores los datos eran todavía inferiores: 138 en 2007-2011 y 118 en 2003-2007.

La extrapolación de la tendencia de estos tres últimos años hace prever una cifra aproximada de 840 adjudicaciones al concluir el mandato en 2019. Por el momento, el dato de 634 alquileres sociales ya materializados desde 2015 supera los 573 que se adjudicaron en los 12 años anteriores (2003-2015).

El refuerzo en las políticas de vivienda se constata igualmente en la estadística mensual. De media, entre 2015 y 2018, Zaragoza Vivienda ha realojado a 17,61 unidades de convivencia cada mes. Durante el periodo 2011-2015 la media mensual fue de 6,60 alquileres sociales, mientras que el 2007-2011 fueron 2,85 al mes, y 2,45 en 2003-2007.

Programas y vías de acceso

El 61% de las adjudicaciones corresponde al denominado acceso general a la bolsa de alquiler social municipal. En estos casos acceden las unidades de convivencia inscritas como solicitantes de vivienda, por orden de antigüedad, siempre haciendo coincidir las características de la vivienda a adjudicar con las necesidades de cada solicitud en cuanto a tamaño, número de dormitorios, condiciones de accesibilidad, etc.

Las unidades de convivencia que acceden por este procedimiento cumplen siempre tres condiciones básicas:

– Necesidad de vivienda (no disponer de vivienda en propiedad, salvo excepciones que marca la legislación autonómica).
– Empadronamiento en la ciudad de Zaragoza.
– Ingresos netos anuales superiores a 5.100 euros e inferiores a 26.855,68 euros.

Es decir, todas las unidades de convivencia que acceden por este sistema (el 61% del total), tienen una situación de necesidad alta, siendo éste un recurso fundamental para su situación de bienestar.

El siguiente grupo en cuantía es el acceso por Oficina Municipal de Vivienda (OMV), que supone el 18,39% de los casos. Se trata de familias que se encuentran inmersas en procedimientos judiciales por deuda hipotecaria o de alquiler, y por tanto en alto riesgo de pérdida de su vivienda habitual y en situación de emergencia. Solo cuando las intervenciones de mediación no tienen resultado positivo y no tienen otra posibilidad de solución habitacional acceden a vivienda social de alquiler, como última alternativa para evitar la exclusión residencial. Únicamente ha sido necesario el realojo en vivienda pública de alquiler en el 8,4% de los casos trabajados en la OMV.

Otros casos de emergencia habitacional (el 10,54% del total) se solucionan a través del convenio establecido entre Zaragoza Vivienda y el Gobierno de Aragón a través del cual se ceden viviendas a la Red de Bolsas de Alquiler Social que son dedicadas al realojo de unidades de convivencia vulnerables en situación de emergencia habitacional por pérdida de su vivienda habitual. El mismo objetivo se cubre con el convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que supone un 4,35% de las adjudicaciones totales.

Sumando estos tres últimos sistemas de adjudicación, que cubren el mismo objetivo de evitar la exclusión residencial en situaciones de pérdida de la vivienda habitual, se observa que se han adjudicado el 33% de las viviendas con este fin.

El resto de adjudicaciones, un 5,69%, han estado dirigidas a situaciones de vulnerabilidad ligadas a programas que se desarrollan en colaboración con el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, tanto por los programas de intervención que desarrollan los centros municipales de servicios sociales como los desarrollados desde Servicios Especializados con colectivos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad: programa Housing First para personas sin hogar, programa de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género, programa de viviendas temporales para personas refugiadas, para situaciones de siniestro en la vivienda habitual, etc.

Garantizar el Derecho a la Vivienda

Redoblar los esfuerzos para dar respuesta a la emergencia habitacional está siendo una de nuestras prioridades para atender esta realidad que no sólo no ha descendido en los últimos años, sino que se ha cronificado con una legislación estatal que sigue sin dar respuesta a las necesidades sociales. Llevamos años insistiendo en la necesidad de realizar una reforma en profundidad de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por ello hemos reclamado al nuevo gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con las demandas realizadas por plataformas y ayuntamientos en este sentido. También es necesario que las buenas normas (decreto 2015 y Ley 10/16) realizadas por el Gobierno de Aragón en materia de vivienda se apliquen  para garantizar el derecho a una vivienda de los aragoneses y las aragonesas.

En 2017 se practicaron en Zaragoza 1.461 lanzamientos como consecuencia de procedimientos de ejecución en los juzgados de primera instancia, 140 más que el año anterior. La mayoría de ellos, 892, fueron por impago de alquiler, que respecto a 2016 aumentaron en 102 casos (un 11% más).

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