Ante el anuncio de la Consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, de no dar continuidad a la recogida selectiva de materia orgánica, el portavoz de Zaragoza en Común en la Comisión de Servicios Públicos y Movilidad, Alberto Cubero, ha mostrado el total rechazo de su formación a este paso atrás en materia de gestión responsable de los residuos.

Cubero considera que la prueba piloto que se estaba desarrollando en el ACTUR ha evidenciado el buen funcionamiento de la recogida selectiva de materia orgánica y la buena acogida por parte de los vecinos. Por ello, el anterior gobierno municipal y el servicio gestor estuvieron trabajando en reconvertir la prueba piloto que se estaba desarrollando en los distritos de Centro-Universidad-Delicias, con resultados negativos, en una recogida de quinto contenedor igual que la del ACTUR. El sistema de reconversión de la prueba piloto estaba listo para implementarse y no iba a suponer coste alguno, ya que era posible su realización con los mismos medios que ya se estaban utilizando para la prueba del ACTUR. Por ello, para Cubero, el único motivo que puede explicar esta decisión es ideológico, y es que el Partido Popular y Ciudadanos desprecian cualquier medida que pueda ser tachada de “ecologista” y no muestran ningún tipo de respeto ni preocupación por el medio ambiente.

Además, el anterior gobierno de Zaragoza en Común tenía previsto extender la recogida selectiva de materia orgánica al conjunto de la ciudada a partir de 2020, una vez vencido el actual contrato de recogida con FCC, ya fuera en un nuevo contrato o en un modelo de gestión pública. Sin embargo, las declaraciones del gobierno PP-Cs dejan claro que no tienen ninguna intención de continuar con este proyecto, en línea opuesta a todas las recomendaciones que llegan desde instituciones europeas y expertos en gestión de residuos. Las consecuencias de retrasar durante varios años la recogida selectiva de materia orgánica no sólo podrán ser medioambientales sino que también podrán ser económicas, puesto que la regulación europea establece penalizaciones económicas a quienes no alcancen los porcentajes de recogida selectiva exigidos.

Imagen: Ayuntamiento de Zaragoza

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