Luisa Broto: “La vivienda de alquiler social es un instrumento fundamental de lucha contra la pobreza. Aumentar los precios va a suponer que muchas familias se vean abocadas a acudir a los servicios sociales para cubrir sus necesidades básicas”

La formación también ha denunciado que el PP ha comenzado a reclamar a través de Zaragoza Vivienda  los pagos del alquiler que fueron aplazados a las familias durante el Estado de Alarma, una situación que afecta a más de 2.200 hogares

“El PP está convirtiendo Zaragoza Vivienda en una Empresa de Gestión Inmobiliaria”

Zaragoza, 6 de noviembre de 2020.- El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado “la fuerte subida encubierta” de los alquileres municipales realizada por el PP a través de Zaragoza Vivienda y que puede llegar, en un buen número de casos, a incrementar los precios en un 30% en hogares de familias vulnerables. “Este giro del Gobierno de PP-Cs en relación a las viviendas de alquiler social va a perjudicar gravemente a las familias que peor lo están pasando”, ha expresado la concejala portavoz en la comisión de Acción Social, Luisa Broto.

La formación ha explicado que el actual Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda dictó una instrucción, el pasado 8 de octubre, que supone “una fuerte subida encubierta en el precio de los alquileres municipales”, lo que puede incrementar las mensualidades de las familias más vulnerables hasta en un 30%. 

Esto se ha producido al haber eliminado la consideración de que los gastos de comunidad (que pueden llegar hasta los 70€) formen parte de la renta de alquiler. Hasta el momento, el precio a pagar incluía el alquiler y los gastos de comunidad y no podía superar un porcentaje de entre el 20 y el 30% de los ingresos de la unidad familiar. La decisión de no tener en cuenta como parte de este alquiler los gastos de comunidad ha hecho que estos se conviertan en un gasto aparte y , por tanto, no se rige por estos porcentajes. Por ejemplo, una unidad familiar donde los ingresos provienen de una pensión mínima de viudedad y cuyo precio del alquiler está en 150 euros pasará a pagar 200 euros con esta modificación.

“La vivienda de alquiler social es un instrumento fundamental de lucha contra la pobreza. Aumentar los precios de ésta va a suponer la triste paradoja de que muchas familias se vean abocadas a acudir a los servicios sociales para poder cubrir sus necesidades básicas”, ha expresado Broto.

La formación también ha denunciado que el PP reclame las mensualidades de alquiler aplazadas durante el Estado de Alarma 

Zaragoza en Común también ha denunciado que el PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado a reclamar a través de Zaragoza Vivienda  los pagos del alquiler que fueron aplazados a las familias durante el Estado de Alarma, una situación que afecta a más de 2.200 hogares. La concejala portavoz de Acción social, Luisa Broto ha criticado esta decisión de la concejala del PP Carolina Andreu que “llega en el peor momento, como un boomerang, afectando a cientos de familias zaragozanas que no van a poder hacer frente a un pago con el que no contaban”.

Zaragoza Vivienda ha comenzado a reclamar el pago del alquiler que fue aplazado durante el mes de marzo, en plena pandemia y con el Estado de Alarma en activo. La concejala del ramo, Carolina Andreu anunció que con esta medida, el Ayuntamiento dejaría de percibir 452.000 euros. 

Según ha explicado Broto, esta situación afecta a más de 2.200 familias y se tomó de manera unilateral sin tener en cuenta la opinión de los técnicos de Zaragoza Vivienda, “que vieron más idóneas otras opciones, como el fraccionamiento de los pagos en función de la situación concreta de cada uno de los hogares”.

Además, la formación ha recordado que la normativa estatal respecto al pago de alquileres durante el Estado de Alarma permitía  los aplazamientos de las mensualidades o su reducción en un 50%, “una segunda opción que no hubiera acarreado las consecuencias actuales. Pero el gobierno PP-Cs optó por lo primero sin pensar en las familias y sí en anunciar una medida rápida”, ha apuntado.

Broto ha incidido en que el personal técnico de esta sociedad municipal “ya advirtió que traería problemas a medio y largo plazo, por la situación de precariedad de muchas de esas familias”. Muchos de estos hogares cuentan con ingresos muy bajos y sus miembros son perceptores/as de Pensiones No Contributivas y de Rentas Mínimas, que imposibilitan su capacidad de ahorro “lo que hace prácticamente imposible que ahora puedan afrontar el pago de esas dos mensualidades que ahora se les reclaman”, ha señalado.

“Entendemos que la Concejala de Vivienda Carolina Andreu y el Sr. Azcón no buscaban más que otro titular sin valorar realmente las consecuencias de su medida. Si el aplazamiento era necesario en marzo sigue siéndolo en este momento en que la crisis social derivada de la pandemia, lejos de mejorar, no hace sino empeorar día a día”, ha advertido Broto.

“Carecer de una vivienda, el disponer de una sin condiciones de habitabilidad o con un precio que no puede afrontarse, con la amenaza permanente de un desahucio están en el centro de muchas situaciones de pobreza y exclusión”, ha expresado Broto.

Luisa Broto: “El PP está convirtiendo Zaragoza Vivienda en una Empresa de Gestión Inmobiliaria”

La formación ha lamentado que este sea  “un paso más”, en la “deriva que está sufriendo Zaragoza Vivienda”. Para la edil, el gobierno del PP la está convirtiendo en “una empresa de gestión inmobiliaria”, abandonando el seguimiento y la gestión social del parque de vivienda municipal “que la ha convertido desde hace décadas en un referente a nivel nacional”.

A estas se suman otras medidas como el cierre de la Oficina de Mediación Hipotecaria o la prohibición de hacer condonaciones de deuda justificadas, como se venía haciendo hasta la fecha.

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