Este servicio, que se dejó de prestar con la entrada de PP-Cs al gobierno municipal, evita, a través de la mediación y la búsqueda de soluciones consensuadas entre las partes, situaciones de emergencia habitacional y desahucios

La formación ha criticado que “la derecha haya convertido Zaragoza en una de las pocas grandes capitales que no cuentan con un programa de mediación en materia de vivienda”

Carta de Santisteve a los partidos en el Gobierno de Aragón, PSOE, PODEMOS y CHA: “Es urgente la colaboración de todos para frenar esta vergonzosa situación de emergencia” 

Zaragoza, 8 de noviembre de 2021.- El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado de forma “urgente” al Gobierno municipal de PP-Cs y al Gobierno de Aragón la recuperación de la Oficina de Vivienda y su servicio de mediación hipotecaria y de alquiler, ante los constantes desahucios que se están produciendo en la capital aragonesa, lanzamientos que hoy han vuelto a producirse, dejando sin hogar a una familia con cuatro menores, entre ellos un bebé de 8 meses, en el Picarral.

“A la gravedad de este desahucio se suma la flagrante desprotección del menor por parte de todas las instituciones implicadas. El principio jurídico de protección del interés del menor está siendo socavado por este tipo de resoluciones, tanto por el poder judicial, el ejecutivo, el ayuntamiento y el gobierno de Aragón, que tendrían que mostrar una especial sensibilidad a la hora de dar alternativa en este tipo de situaciones”, ha defendidos Santisteve.

El edil le ha pedido a Azcón que “establezca las relaciones institucionales necesarias para  recuperar el servicio de mediación hipotecaria y de alquiler, así como otros programas propuestos en materia de vivienda, ya que Zaragoza es una de las pocas grandes capitales que no cuentan con un programa de mediación en este ámbito, “un penoso logro de la derecha”.

Zaragoza en Común ha anunciado que trasladará el próximo miércoles en el consejo de administración de Zaragoza Vivienda la petición de priorizar un acuerdo para la recuperación de una Oficina municipal de Vivienda que evite este tipo de situaciones.

Santisteve también se ha dirigido en una carta a los partidos en el Gobierno de Aragón, a PSOE, PODEMOS y CHA, para buscar de forma urgente la colaboración de todos “para frenar esta vergonzosa situación de emergencia”.

En diciembre de 2019 finalizó el convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y Zaragoza Vivienda puesto en marcha en la anterior Corporación para desarrollar el Programa de mediación hipotecaria y de alquiler, que se ofrecía desde la Oficina Municipal de Vivienda, perteneciente a la sociedad municipal.

El servicio se prestaba a través de un convenio con el Colegio de Abogados y el Colegio de Trabajadores Sociales, el cual resolvió, llegando a acuerdos entre ambas partes, más de mil casos desde 2015.

Según el portavoz de la formación, Pedro Santisteve, estas cifras “avalan el éxito” de una medida que evita, a través de la mediación y la búsqueda de soluciones consensuadas entre las partes, situaciones de emergencia habitacional y desahucios.

El cese de este convenio ha provocado que las personas usuarias tengan que acudir a las oficinas del Gobierno de Aragón, una centralización que ha empeorado el servicio, según han alertado las plataformas por el derecho a la vivienda.

Además, el portavoz de Zaragoza en Común ha hecho hincapié en la “imprescindible la colaboración institucional” y en la urgencia de esta medida, para se haga efectiva de la forma más rápida posible y no dejar a la ciudadanía desatendida, poniendo a su servicio toda la experiencia de una sociedad como Zaragoza Vivienda, que “debe recuperar su función social”.

En este sentido, el portavoz de Zaragoza en Común ha pedido al gobierno de Azcón que “asuma, como se ha venido haciendo siempre, las competencias en materia de vivienda”.

Aplicación del protocolo antidesahucios de Servicios Sociales

Zaragoza en Común también ha pedido recuperar la aplicación del protocolo antidesahucios que se implantó en la anterior legislatura y que ponía en coordinación a los Servicios Sociales, Zaragoza Vivienda y  el Consejo General del Poder Judicial ante posibles lanzamientos.

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