El grupo municipal ha mantenido contacto con los y las profesionales de todos los Centros Municipales de Servicios Sociales para tratar de hacer un recuento de cuántos hogares se encuentran en una situación de próximo lanzamiento, ante la ausencia de protocolos municipales que permitan prevenir los desahucios 

PP-CS terminó con el acuerdo existente por el cual el CGPJ informaba de todos los procedimientos de desahucio abiertos en Zaragoza; también eliminó los protocolos de coordinación existentes entre Zaragoza Vivienda y los Servicios Sociales Municipales y no existen registros oficiales de los futuros lanzamientos en la capital aragonesa 

Zaragoza, miércoles, 17 de noviembre de 2021.- El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha alertado de la emergencia habitacional que vivirán al menos 30 familias de la ciudad, muchas de ellas con menores a su cargo, que perderán sus viviendas a corto y medio plazo, según datos obtenidos de los y las profesionales de todos los Centros Municipales de Servicios Sociales de la capital aragonesa.

La concejala de la formación, Luisa Broto, ha recordado que el lunes pasado “asistimos en nuestra ciudad a un hecho que pese a no ocupar ninguna portada no debería dejarnos impasibles: una familia con cuatro menores, uno de ellos de apenas 8 meses, fue desalojada de la vivienda en la que se encontraba, propiedad de una gran inmobiliaria”. Este lanzamiento no es el primero que se produce en los últimos meses en la ciudad, un “acto violento que  genera un impacto, emocional y en la vida cotidiana, muy negativo en los niños y niñas, generando grandes niveles de estrés y repercusiones que los conducen a la exclusión social”, ha apuntado Broto.

La formación ha recordado que el próximo sábado 20 de noviembre es el Día de los Derechos de la Infancia, que señalan específicamente el derecho de los niños y niñas a disfrutar de una vivienda.

El Gobierno PP-Cs terminó con el protocolo de coordinación y el acuerdo con el CGPJ con el que se informaba de los lanzamientos previstos

La formación ha criticado que no exista registro alguno en los servicios municipales que permita saber cuál es la situación real, “difuminando el problema que desaparece de la agenda pública e impide un adecuado diagnóstico de la importancia de la situación”, ha apuntado Broto.

Además, ha denunciado que el Gobierno PP-CS terminó con el acuerdo existente por el cual el Consejo del Poder Judicial informaba de todos los procedimientos de desahucio abiertos en Zaragoza para la intervención preventiva de los servicios municipales, una de las primeras acciones que llevó a cabo el ex alcalde Pedro Santisteve.

De la misma manera, la formación también ha criticado que la derecha en el Consistorio haya acabado con las actuaciones en Mediación de Zaragoza Vivienda cuyo servicio durante la pasada legislatura realizó más de 1.608 mediaciones, evitando multitud de desahucios.

Asimismo, también han eliminado los protocolos de coordinación existentes entre Zaragoza Vivienda y los Servicios Sociales Municipales que permitían intervenir en estas situaciones antes de que se produjeran.

“El Gobierno PP-CS se empeña en negar la realidad, insistiendo en una oficina antiocupación sin contenido cuando el problema real es de las personas que pierden su vivienda por no poder hacer frente al pago de la misma”, ha defendido Broto.

Zaragoza en Común pide recuperar los protocolos y crear un Observatorio del Derecho a la Vivienda

“De nada sirve dar una solución temporal de vivienda a una familia desahuciada si no hacemos nada para evitar el resto de desahucios que tenemos ante nosotras. Por ello exigimos que el Gobierno de PP-Cs aborde soluciones globales que prevengan los desahucios”, ha apuntado Broto.

La formación ha propuesto el desarrollo de un Observatorio del Derecho a la Vivienda que posibilite la creación de un registro de procedimientos de desahucio en el ámbito municipal y vigile el efectivo cumplimiento del derecho a la vivienda, en especial en aquellos casos con niños y niñas en los que debe primar el interés superior del menor.

También es urgente la recuperación del Protocolo de Prevención de la Emergencia habitacional, que coordine Servicios Sociales, Zaragoza Vivienda, Gobierno de Aragón y el Poder Judicial, para garantizar el derecho a la vivienda.

Y por último recuperar la Oficina de Vivienda, dotada adecuadamente, que intervenga en esta situación, firmando el convenio ofrecido por el Gobierno de Aragón y que el actual Gobierno “tiene en un cajón”.

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