El informe muestra una caída de Zaragoza en la valoración de ciudades excelentes en servicios sociales pasando de ser la primera en el ranking de capitales de provincia en 2015 con el gobierno de Zaragoza en Común a ser la sexta en el año 2020 con el gobierno de Azcón
Zaragoza, jueves, 23 de diciembre de 2021.- El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha lamentado el retroceso en la calidad que han vivido los servicios sociales municipales, según el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
El informe muestra una caída de Zaragoza en la valoración de ciudades excelentes en servicios sociales pasando de ser la primera en el ranking de capitales de provincia en 2015 a ser la sexta en el año 2020.
Una caída en valoración similar si vemos el ranking de todas las ciudades mayores de 20.000 habitantes en cuyo caso ha pasado de ser la séptima con mayor inversión a ocupar el puesto 22.
Zaragoza alcanzó la excelencia durante el Gobierno de Zaragoza en Común, reconociendo la calidad e inversión en servicios sociales de forma ininterrumpida durante todo el mandato, desde 2015 con un único paréntesis en el año 2019 debido a la prórroga presupuestaria, que impidió cumplir uno de los requisitos técnicos exigidos para ello.
Un análisis detenido del informe presenta “datos muy preocupantes de la regresión de la inversión de los servicios sociales”, ha apuntado la concejala Luisa Broto.
La ciudad de Zaragoza no alcanza siquiera el gasto medio de las ciudades excelentes en servicios sociales, estando casi 30 euros por debajo del mismo, que se sitúa en 152,57 €/habitante y muy por debajo de ciudades como Barcelona, Cádiz o Sevilla, por poner algunos ejemplos.
La diferencia de gasto por habitante de Zaragoza (122,58 €/habitante) con Barcelona, la primera en el ranking, es de 107,56 €/habitante.
“Nos gustaría recordar que este aumento de la brecha con el resto de grandes ciudades se produce en 2020, en un contexto de una crisis social y económica sin parangón consecuencia de la pandemia y que requería una apuesta firme y decidida por los servicios sociales”, ha criticado Broto.
Un contexto en el que el Gobierno PP-Cs, “lejos de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía optó por la no tramitación de ayudas vinculadas a alquiler o suministro eléctrico, por poner algunos ejemplos, y que hacen que aún hoy los datos de tramitación de estas ayudas se encuentren por debajo de los datos de 2019 anteriores a pandemia”.
Esta limitación en el acceso a las ayudas ha hecho que Zaragoza no aparezca siquiera en el ranking de ciudades especialmente sensibles que recoge el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
“Esta tendencia probablemente se confirmará, como hemos venido denunciando, con la más que previsible inejecución en el año 2021 de más de 4 millones de euros en las partidas del presupuesto destinadas a ayudas de urgencia”, ha adelantado la edil.
Además de ello, Zaragoza en Común ha recordado al Gobierno que un adecuado presupuesto, aún siendo importante, no es suficiente por sí solo para garantizar una buena atención a las necesidades de la ciudadanía.
Las políticas de Acción Social de este ayuntamiento, con la ya citada prohibición de tramitación de ayudas, y con actuaciones como la privatización de la línea 900, que limita el derecho de acceso en equidad a los servicios sociales, el cierre de los centros municipales durante buena parte de la pandemia, sin que aún hoy hayan retomado la atención presencial como norma, la falta recurrente del personal necesario, que hace que en algunos centros se esté dando cita para la atención a mediados de febrero, y la deriva hacia la beneficencia de sus actuaciones, “nos sitúan aún lejos de la excelencia necesaria en una ciudad como Zaragoza”.
La formación ha exigido al Gobierno PP-Cs, y al Consejero Lorén que no se instalen en la autocomplacencia y realmente hagan una apuesta por un modelo que vaya mucho más allá y se base en la consolidación de los derechos sociales, la calidad y la mejora en la atención desde los servicios sociales y en la centralidad de las personas como portadoras de derechos.