Hemos denunciado que la consejería de Acción Social y Familia no está dando respuesta a las necesidades sociales de la ciudadanía y está limitando el acceso a los servicios sociales de los y las zaragozanas 

Esta limitación en el acceso a los servicios sociales es la que ha hecho que, a lo largo de la pandemia, más de 90.000 personas, (casi un 53% de las personas que han llamado para pedir una cita) no hayan conseguido ser atendidas por los Centros Municipales de Servicios Sociales

Desde que se inició la pandemia y hasta la fecha de hoy, los Centros Municipales de Servicios Sociales no se encuentran abiertos al público, atendiendo únicamente de manera telefónica a través de la línea 900 y solo en algunos casos, muy marginalmente, de manera presencial y nunca a demanda de los ciudadanos y ciudadanas. Esta situación ha sido denunciada por la concejala de Zaragoza en Común y portavoz en la comisión de Acción social y Familia, Luisa Broto, lo que se traduce en “una fuerte restricción en el acceso a los servicios sociales y sus prestaciones”. 

Esta limitación en el acceso a los servicios sociales es la que ha hecho que, a lo largo de la pandemia, más de 90.000 personas, (casi un 53% de las personas que han llamado para pedir una cita) no hayan conseguido ser atendidas por los Centros Municipales de Servicios Sociales. De estas 90.000 personas, 66.722 no han sido derivadas al considerarse su demanda como “no pertinente”, y otras 23.755, un 13%, no han conseguido siquiera contactar con esta línea ni con los servicios sociales. Los datos constan en el informe de gestión de la línea 900 de este periodo.

“El que desde la línea 900 se valore la pertinencia o no de una demanda relacionada con los servicios sociales supone un filtro inadmisible y una vulneración de derechos que va en contra de lo establecido tanto por la Ley de Servicios Sociales de Aragón como con el Decreto de Centros Servicios Sociales que establecen que los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación son servicios públicos de gestión directa”, ha expresado Broto.

Desde la formación han denunciado que esta situación está suponiendo, por ejemplo, que se esté informando erróneamente a personas no empadronadas de que no pueden ser atendidas por los servicios sociales cuando, en muchos casos,  es a través de éstos desde los que debe facilitarse dicho empadronamiento. Otro ejemplo, el hecho de que esté informando de la no pertinencia de determinadas peticiones sin una valoración completa de la situación, lo que no permite ofrecer  posibles alternativas más allá de la solicitud de una ayuda.

“Son los propios profesionales de los servicios sociales municipales los que deben dar atención a las necesidades de la población, estudiar de manera global la situación y en función de ello valorar la pertinencia o no de la demanda, así como las posibles alternativas”, ha afirmado la edil.  “El actual Consejero de Acción Social desconoce la realidad de la intervención social y sólo entiende los servicios sociales como un expedidor de ayudas de alimentación sin mirar más allá ni posibilitar alternativas reales a las familias”, ha expresado.

Fuerte caída en las ayudas destinadas a vivienda, suministros y otras necesidades

Entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, las ayudas destinadas a pago de vivienda, suministros y otras necesidades no vinculadas a la alimentación han caído en más de 1,7 millones de euros, un 76% menos, respecto al mismo periodo de 2019.

Lo mismo ha sucedido en cuanto a las solicitudes de ayudas por estos conceptos, que han caído en más de un 80% pasando aproximadamente de 7.300 en 2019 a 1.400 en 2020, casi 6.000 ayudas menos.

Las ayudas para todos estos conceptos han supuesto en 2020 únicamente un 10% del total de las ayudas totales en comparación con el 51% que estas ayudas supusieron en 2019.

En concreto la cuantía de las ayudas destinadas al pago de alquiler e hipoteca han caído en casi un 80% durantes este periodo pasando de 1,2 millones a apenas 350.000 euros en 2020.

Lo mismo podemos decir de las ayudas destinadas al pago de suministros (electricidad y gas) que han caído en un 83% pasando de 265.000 euros a menos de 50.000. 

Esta situación está provocada por las restricciones establecidas por el Consejero de Acción Social y Familia, que ha impedido a los Centros Municipales de Servicios Sociales la tramitación de ayudas vinculadas al alquiler o la electricidad, por poner solo unos ejemplos, y únicamente ha permitido, hasta hace poco, la tramitación de ayudas de alimentación.

Esta situación está suponiendo “un impacto tremendo en la situación de las familias”, lo que va a desembocar en “un incremento exponencial en los procesos de desahucio por impago de la vivienda y de cortes de suministro energético justo en el momento en que van a incrementarse estas necesidades al acercarnos al invierno”, ha advertido Broto. 

“Que el señor Ángel Loren argumente que  ya existía una moratoria para el pago de alquiler y electricidad demuestra el profundo desconocimiento de la situación por la que pasan las familias a las que no se ha tramitado dichas ayudas y que en ningún caso iban a poder afrontar esta situación”, ha expresado la edil. Por esta razón, le ha pedido al consejero que “deje jugar de manera impúdica con los datos al anunciar a bombo y platillo incrementos en las ayudas”, cuando el incremento total durante la pandemia no ha alcanzado el millón de euros,  ya que gran parte del incremento en ayudas de urgencia de alimentación se ha visto compensado con la importante disminución en el resto de conceptos. 

“El Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, recogía entre sus puntos la apertura de todos los Centros Municipales de Servicios Sociales y el Incremento del gasto social y flexibilización criterios para la concesión de ayudas sociales. Es el momento de empezar a cumplirlo”, ha concluido. 

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