Luisa Broto ha denunciado la falta de mecanismos para detectar situaciones de riesgo y de abuso en menores y la prohibición de realizar visitas domiciliarias, herramienta fundamental de los y las profesionales para una valoración adecuada de una posible situación de malos tratos

Broto ha pedido explicaciones, “ante la gravedad de las manifestaciones que los psicólogos/as, trabajadores/as sociales y educadores/as sociales responsables de este programa de los Centros Municipales de Servicios Sociales nos están haciendo llegar”

La formación ha criticado que los equipos de los centros encargados de esta tarea fueron disgregados y dejaron de funcionar como tales durante la pandemia, para atender la demanda generada desde la línea 900, de forma que profesionales especializados en la valoración de menores estuvieron atendiendo las llamadas derivadas de esta línea

Estamos hablando de vecinos que denuncian golpes, gritos de niños en domicilios, de profesores que notifican los malos tratos que los niños les hacen llegar ocultos a través de sus deberes, de embarazos adolescentes, de niños de tres años con riesgo de quedarse en la calle”

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado la inoperancia por parte del área de Acción Social para detectar, notificar y valorar las situaciones de riesgo de desprotección de menores en la ciudad de Zaragoza durante el estado de alarma. En este sentido, Broto ha lamentado que desde el servicio, su responsable Ángel Loren no haya dado ninguna instrucción específica a los profesionales para dar respuesta a estas situaciones y que, más aún, se hayan tomado decisiones que han incrementado la indefensión de los menores.

No se ha dado ninguna instrucción específica a los profesionales para dar respuesta a estas situaciones y cada vez que se ha solicitado realizar entrevistas presenciales y/o visitas domiciliarias se ha denegado por parte del servicio, aún correspondiendo a situaciones absolutamente desconocidas por los Centros Municipales de Servicios Sociales”, ha explicado Broto. En este sentido, ha afirmado que resulta “imposible” hacer una valoración adecuada de la existencia del riesgo de malos tratos sin mantener entrevistas en profundidad con cada uno de los miembros de las familias, con los niños y niñas afectados, sin conocer el domicilio y las condiciones en que esos niños se desarrollan.

Los propios protocolos municipales exigen la obligatoriedad de estudiar todas las notificaciones de menores por parte del equipo de Menores y establecen para ello: entrevistas familiares, de exploración psicológica con los y las menores y visitas domiciliarias.

En el ámbito de la infancia, en la capital aragonesa, así como en otras ciudades, se ha producido un incremento del riesgo de desprotección y malos tratos durante el confinamiento. El aumento de las situaciones de estrés que pueden desembocar en estas situaciones se une, en el caso de los niños y niñas, a una pérdida total de visibilidad que impiden detectarlas, ha explicado Broto en una pregunta realizada en comisión. Por eso – añade- “hubiera sido importante establecer protocolos específicos dirigidos a los y las profesionales de los centros municipales de servicios sociales; y nos consta que no ha sido así”.

Broto ha pedido explicaciones, “ante la gravedad de las manifestaciones que los psicólogos/as, trabajadores/as sociales y educadores/as sociales responsables de este programa de los Centros Municipales de Servicios Sociales nos están haciendo llegar”. En ellas, “nos hablan de la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo necesario desde el Programa de Detección, Notificación y Valoración de Situaciones de Riesgo de Malos Tratos y Desprotección de Menores”, una competencia municipal.

Los equipos dejaron de funcionar para atender la línea 900

En este sentido, la formación ha criticado que los equipos de los centros encargados de esta tarea fueron disgregados y dejaron de funcionar como tales durante la pandemia, para atender la demanda generada desde la línea 900, de forma que profesionales especializados en la valoración de menores estuvieron atendiendo las llamadas derivadas de esta línea.

Además, la decisión de cerrar los centros municipales de servicios sociales, la desaparición de los equipos de trabajo en los territorios y la imposibilidad de contactar con los profesionales de referencia, “rompió todo contacto con los colegios, los centros de salud y los centros de tiempo libre”, agentes fundamentales en este seguimiento, ha detallado Broto.

En este sentido, Zaragoza en Común asegura haber detectado multitud de notificaciones sin poderse atender: “nos hablan de la prohibición expresa por parte del servicio de realizar entrevistas presenciales con las familias pese a pedirlas y fundamentarlas”, ha señalado Broto.

Estamos hablando de vecinos que denuncian golpes, gritos de niños en domicilios; de profesores que notifican los malos tratos que los niños les hacen llegar ocultos a través de sus deberes, de situaciones que involucran a niños y niñas de 6-8 años, de embarazos adolescentes, de niños de tres años con riesgo de quedarse en la calle”, en definitiva, de “situaciones de riesgo de desprotección que necesitan ser valoradas con rapidez y seriedad y para los cuales plantear que se atiendan y resuelvan telefónicamente es de una irresponsabilidad absoluta”, ha criticado.

 

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