La familia, que lleva ocho años residiendo en una vivienda de la calle Orense, se enfrenta al desahucio sin disponer de una alternativa habitacional y tras haber visto reducidos sus ingresos a menos de 600 euros mensuales
Zaragoza en Común reclama una respuesta urgente de las administraciones ante el desahucio de Esmeralda y su hija de 11 años, previsto para este martes 29 de septiembre a las 10:00 horas, en la vivienda en la que ambas residen desde hace ocho años, en la calle Orense de Zaragoza.
La familia se enfrenta al lanzamiento sin disponer de una alternativa habitacional, en una situación marcada por la precariedad económica y por diversas circunstancias personales y familiares que han agravado su vulnerabilidad durante los últimos años.
Esmeralda lleva ocho años viviendo en esta vivienda y durante este tiempo ha tenido que asumir incluso gastos derivados de importantes desperfectos. Entre ellos, los ocasionados por una inundación provocada por una fuerte tormenta, cuyos daños, según relata, no fueron asumidos por la propiedad y tuvieron que ser reparados por ella.
A esta situación se suma su trayectoria personal. En 2019 fue reconocida como víctima de violencia de género, una experiencia que tuvo graves consecuencias sobre su salud y que le ha provocado depresiones ansiosas por las que permanece medicada. Actualmente afronta, además, otro problema de salud de importancia.
Durante los últimos años también ha tenido que prestar apoyo a su hija mayor, que residía con ella junto a sus dos hijos, nacidos en 2024 y 2025. Durante ese periodo, los ingresos de la unidad familiar procedían de un trabajo temporal de limpieza, posteriormente complementado con el Ingreso Mínimo Vital y, tras quedarse en desempleo, con el subsidio de desempleo y el propio IMV. En conjunto, los ingresos rondaban los 1.200 euros mensuales
En 2025 la hija de Esmeralda abandonó la vivienda junto a sus dos hijos. Tras comunicar el cambio de circunstancias en julio de ese año, el Ingreso Mínimo Vital le fue retirado y, según la información facilitada por la afectada, el expediente continúa sin resolverse. En la actualidad, Esmeralda percibe únicamente el subsidio de desempleo, con unos ingresos que no alcanzan los 600 euros mensuales.
Cuando Esmeralda recibió en 2025 la notificación del procedimiento de desahucio, acudió al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para que se valorase su situación de vulnerabilidad y poder solicitar la suspensión del lanzamiento y una alternativa habitacional mediante el convenio existente entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y el Consejo General del Poder Judicial.
En aquel momento sus ingresos rondaban los 1.200 euros mensuales. Según la regulación aplicada en Aragón para la consideración de especial vulnerabilidad, los límites económicos establecidos se situaban en torno a una o una vez y media el IPREM, dependiendo de las circunstancias.
El informe de la trabajadora social no reconoció entonces la situación de vulnerabilidad. Sin embargo, apenas un mes después de aquella valoración, Esmeralda perdió el Ingreso Mínimo Vital, quedándose únicamente con el subsidio de desempleo que continúa percibiendo actualmente.
Ante este cambio sustancial de circunstancias, su abogado solicitó una nueva valoración de su situación. Según explica la afectada, el IASS respondió que ya había sido valorada previamente.
Finalmente, el procedimiento judicial continuó adelante y el lanzamiento está señalado para mañana, martes 29 de septiembre, a las 10:00 horas.
Desde Zaragoza en Común consideran que la situación de Esmeralda pone de manifiesto la necesidad de que las administraciones públicas actúen de manera coordinada ante situaciones de emergencia habitacional, especialmente cuando existen menores, problemas de salud y una reducción sobrevenida de los ingresos.
Zaragoza en Común reclama que se paralice el lanzamiento mientras se estudia de manera actualizada la situación de la familia y se garantiza una alternativa habitacional adecuada para Esmeralda y su hija de 11 años.
Asimismo, reclama que las circunstancias económicas y sociales de las personas afectadas sean valoradas atendiendo a su situación real y actual, evitando que una valoración realizada meses atrás impida tener en cuenta cambios posteriores que pueden alterar de forma sustancial las condiciones de vulnerabilidad.
“No podemos hablar de una respuesta social adecuada si una madre y su hija de 11 años pueden acabar en la calle sin que exista una alternativa habitacional, especialmente cuando su situación económica y personal se ha agravado desde la primera valoración», señala Zaragoza en Común.
La formación considera que garantizar el derecho a una vivienda digna requiere que las administraciones pongan todos los recursos disponibles para evitar que una situación de emergencia habitacional termine dejando a una menor y a su madre sin un lugar donde vivir.
El lanzamiento está previsto para el martes 29 de septiembre a las 10:00 horas en la calle Orense de Zaragoza.