En plena investigación del caso Villarejo, este miércoles pasado se ha conocido que entre la enorme cantidad de material incautado se encontraba una copia del teléfono móvil de la asistente de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, que presuntamente habría sido robado en 2015 al parecer por miembros de la policía mandados por el propio Comisario Villarejo.

Para la investigación judicial en marcha, este podría ser un nuevo episodio de la actuación de la policía política que albergó el Ministerio del Interior a las órdenes de Fernández Díaz entre 2012 y 2016, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, y que tendría a Pablo Iglesias y a PODEMOS como uno de los objetivos de dicha policía política, la llamada «brigada patriótica».

La gravedad del asunto de la aparición del móvil robado a la asistente de Iglesias es tal, que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido abrir una pieza separada de inmediato y ha ofrecido la personación en calidad de perjudicados a Iglesias y a Bousselham que han aceptado.

En el teléfono móvil habría una ingente cantidad de información, personal y política lo que significaría que robo del terminal es parte de una operación parapolicial, orquestada por la cúpula del Ministerio de interior del Partido Popular con el fin de perjudicar al líder de PODEMOS con el fin de tratar de impedir un acuerdo de gobierno entre PSOE y PODEMOS que hubiera significado desalojar del poder al PP y a Mariano Rajoy.

Pero no es la única operación que el juez achaca a la brigada política para dañar a PODEMOS y Pablo Iglesias y tratar de pervertir el resultado salido de las urnas.

El juez está investigando también el origen de llamado “informe PISA”, que fue remitido desde la Dirección Adjunta Operativa, estructura que escondía la brigada política y a la que estaba adscrito el Comisario Villarejo, a la Comisaría General de Policía Judicial el 9 de noviembre de 2015. Sin que hubiera sido enviado al juzgado o a la fiscalía, Manos Limpias se hizo con él y lo incorporó a una querella contra Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo, que despreció su contenido.

Mientras, la Policía de Fernández Díaz enviaba el documento al Tribunal de Cuentas donde se paralizó, pero que ha sirvió para que el PP y sus medios afines como el OK Diario de Inda pidan a PODEMOS explicaciones sobre una falsa financiación de Irán.

El modus operandi usado sería el mismo que la «brigada patriótica» hacía con Cataluña: informes policiales sin firma ni sello, elaborados sin control judicial destinados a atacar y deslegitimar a la oposición democrática y que terminan publicados en medios de comunicación afines al Partido Popular y su Gobierno.

Esta utilización policial para desacreditar a PODEMOS se suma a las actuaciones llevadas contra los partidos independentistas catalanes y contra el ex-tesorero del PP, Luis Bárcenas, para proteger los intereses del Partido Popular. hay que recordar el papel del ex-ministro de Interior Jorge Fernández Díaz en toda esta trama, con las famosas conversaciones telefónicas difundidas por distintos medios de comunicación en junio de 2016.

Moción

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su más absoluto rechazo a las prácticas profundamente antidemocráticas llevadas a cabo por una trama policial al servicio del Ministerio de Interior del Partido Popular en connivencia con algunos medios de comunicación e intereses empresariales. Las cloacas del estado

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reprueba la actuación del ex-ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y la de los miembros de la cúpula policial de su ministerio con el Comisario Villarejo al frente.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su más absoluta confianza en que la actuación judicial esclarezca rápidamente el caso y determine las responsabilidades consecuentes.

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