Exigen al gobierno de Natalia Chueca que se siente a dialogar con “la legalidad en la mano” antes de convertir las antiguas zonas H industriales en zonas comerciales, que abre la puerta a multiplicar las grandes superficies comerciales en la ciudad con más metros cuadrados por habitante de toda Europa
Las entidades ciudadanas, asociaciones vecinales y partidos políticos (FABZ, Ecologistas en Acción, federaciones de comercio de CCOO y UGT, Izquierda Unida y Zaragoza en Común) contrarias a la instalación del macro-outlet de Pikolin en la ciudad han denunciado hoy, en rueda de prensa, un nuevo intento del Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido por Natalia Chueca, para sortear la legalidad que pretender aprobar en el pleno de mañana. Este intento se produce después de doce años de litigios y de cuatro sentencias judiciales que declaran ilegales las dos modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) impulsadas previamente por el consistorio.
Los portavoces de las entidades han mostrado su absoluto rechazo a la nueva modificación planteada por el gobierno municipal, a la que plantearon alegaciones y que fueron todas rechazadas, al considerar que «pretende legalizar lo ilegalizable» para no ejecutar lo dictado por los tribunales. «Estamos ante un claro intento de hacerle un traje a medida a Pikolín, una modificación a la carta, tal y como reconoció el propio consejero Víctor Serrano», han señalado.
Una modificación con consecuencias descontroladas
Las entidades advierten que esta nueva propuesta solo busca beneficiar a una empresa, pero en el intento de este gobierno de simular , legaliza la construcción de grandes superficies todas las parcelas en zona H, antiguas zonas industriales de la ciudad que tengan las mismas características que la parcela del citado Outlet. El resultado, según denuncian, es absolutamente desproporcionado: «Solo al lado de Pikolin hay seis parcelas más susceptibles de convertirse en otras grandes superficies, tal y como aporta un estudio de uno de los propietarios en las alegaciones presentadas. Y no sabemos cuántas más habrá en otras zonas de la ciudad, como por ejemplo la carretera de Castellón».
Asimismo, critican que la modificación carece de informes técnicos que evalúen las afecciones reales sobre el comercio local, la movilidad urbana y el modelo de ciudad. «No solo estamos hablando de una ilegalidad, sino que con esta nueva modificación lo que se consuma es una auténtica barbaridad. Zaragoza ya es la ciudad con más metros cuadrados de grandes superficies de España, y esto podría multiplicarse aún más, una sentencia de muerte al pequeño comercio», han lamentado.
Petición al Pleno y al gobierno municipal
Ante esta situación, las entidades hacen un llamamiento a todos los grupos políticos con representación en
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para que frenen la aprobación de esta modificación. Exigen al gobierno de Natalia Chueca y al consejero Víctor Serrano que «se sienten a hablar con las entidades para encontrar una solución con la legalidad en la mano y frenar esta barbaridad».
En concreto, solicitan:
1. La retirada inmediata del expediente de modificación del PGOU.
2. Un análisis riguroso y con informes técnicos independientes de todas las afecciones urbanísticas, comerciales y de movilidad.
3. Una reflexión profunda sobre el modelo de ciudad que se quiere construir.
«Que por querer aprobar algo que ha sido cuatro veces tachado de ilegal por los tribunales, no se carguen el futuro de Zaragoza», han sentenciado.
Las entidades advierten que, de no atenderse sus demandas, continuarán con todas las acciones legales que estén en su mano para impedir lo que consideran un atropello urbanístico y una concesión a medida a intereses privados en perjuicio del interés general.