Desde el Área de Derechos Sociales estamos desarrollando una estrategia que va más allá de la mera calidad de los servicios; que está basada en una opción política que considera a las personas como portadoras de derechos y las sitúa en el centro de su acción. Esta estrategia se basa en cinco ámbitos diferentes de actuación interdependientes entre sí.
En primer lugar creemos fundamental la actuación en la normativa, desarrollando reglamentos, instrucciones y circulares en este sentido como las emitidas para garantizar el empadronamiento efectivo, retirar las restricciones en el acceso a las ayudas, unificar criterios de actuación, reducir la burocracia, establecer una carta de derechos y deberes…
Además es preciso garantizar que la organización esté configurada de manera que se centre en dar respuesta a las necesidades de las personas y no únicamente a las de la propia organización y sus profesionales. Para ello necesitamos dar respuestas ágiles, con el menor tiempo de demora posible y con criterios unificados; que no solo tramite prestaciones y ayudas, si no que acompañe procesos de inserción y capacitación de las personas, y sobre todo que no solo se centre en dar respuestas individuales sino que potencien su trabajo en los barrios, para hacerlos más fuertes y cohesionados. Todo ello se concreta en el nuevo Modelo de Organización de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS), en fase de implantación, el desarrollo del Proyecto para Personas Sin Hogar, y la revisión de otros servicios para que vayan en esa dirección.
Pero una mera reorganización, aunque imprescindible, no puede llevarse a cabo sin cambiar la cultura que la rodea, por lo que es necesario incidir en acciones de formación y supervisión de los profesionales que, como hemos dicho, refuercen el modelo y generen esta nueva manera de vivir y pensar los servicios sociales.
Por último consideramos esencial, generar mecanismos de trabajo específico que garanticen el ejercicio real de esa perspectiva de derechos y la mejora constante de los servicios que prestamos a la ciudadanía, por eso esta estrategia aborda por un lado la creación de una Oficina de Derechos y Buenas Prácticas que facilite el ejercicio de las reclamaciones, haga seguimiento de las mismas y proponga mejoras de funcionamiento y buenas prácticas en este ámbito; y por otro la creación de espacios de participación de la ciudadanía, las entidades y organizaciones sociales, y las propias personas usuarias, tanto a nivel global como en los barrios, que incidan en esta mejora de los servicios sociales.
Somos conscientes de que ésta es una apuesta importante y que implantarla no será algo rápido ni fácil, pero estamos convencidos de que solo a través de ella conseguiremos consolidar los derechos de las personas.