El pasado miércoles 13 de diciembre fue aprobada en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Unidos Podemos -En Comú Podem -En Marea con el respaldo de PSOE, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís y EH Bildu, en la misma línea que la Proposición No de Ley aprobada en la Comisión de Hacienda del Congreso el pasado lunes 13 de noviembre: el objetivo es eximir de la aplicación de la regla de gasto a las Entidades Locales que presenten cuentas públicas saneadas, entendidas estas como aquellas que presenten superávit o equilibrio presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al llO% de los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días.

Para que los ayuntamientos puedan recuperar parte de su autonomía local perdida, se hace imprescindible esta reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que modifique la regulación de la regla de gasto, de modo que permita a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dedicar los recursos que obtienen a mejorar la vida de la gente, ampliando la prestación de los servicios públicos de su competencia, en vez de verse obligados a utilizar sus ingresos extraordinarios a devolver la deuda.

La modificación de la regla de gasto es una reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que su flexibilización permitiera a los Ayuntamientos que cumplieran con los objetivos de déficit y deuda reinvertir su superávit.

Es igualmente imprescindible que para el 2018 el Gobierno apruebe antes del inicio del ejercicio la prórroga de la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que permite la reinversión destinar los remanentes de tesorería a financiar inversiones financieramente sostenibles y que, posteriormente, modifique de manera definitiva la legislación en ese mismo sentido.

Hay que llamar la atención sobre el hecho de que las corporaciones locales son las que han aportado más a la reciente reducción del déficit público (superávit del 0,6% del PIB de las CCLL, frente a un déficit del 0,8%, el 1,6% y el 2,5% de las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y la Administración Central, respectivamente, en 2016). Ello a pesar de que los ayuntamientos presentan unos niveles de gasto y deuda sustancialmente inferiores a los de las CCAA y el Estado (2,9% de deuda local sobre el PIB frente a un 99,4% del PIB de total de deuda pública en 2016). Si comparamos con los datos de las corporaciones locales en promedio de la UE también demostramos mejores cifras (0,6% del PIB de superávit en el caso español vs. 0,1% en la media europea). Eso impide que los ayuntamientos se acerquen al grado de prestación de servicios públicos de su competencia que hay en el resto de Europa.

De hecho, tal y como explica la misma AIReF, la aplicación de la regla de gasto es muy diferente al resto de la Unión Europa donde, la regla se aplica al conjunto de las administraciones públicas, no a cada una de ellas por separado, como en nuestro país; es un indicador más del objetivo de estabilidad presupuestaria a medio plazo, no un objetivo anual de obligado cumplimiento, como aquí; y su incumplimiento no conlleva sanciones, como las que Montara se empeña en aplicar a nuestros ayuntamientos.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda envió el pasado 27 de octubre una carta al Ayuntamiento de Madrid comunicando que no podía aprobar el Plan Económico Financiero (PEF) presentado a no ser que la corporación incluyera recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017 y 243 en 2018. Esto supone que el Ministerio revisará cada semana las cuentas del Ayuntamiento de Madrid hasta que se apliquen los mencionados recortes. En caso de que el gobierno madrileño no acate las exigencias el ministro amenaza con imponer medidas coercitivas de mayor dureza.

La situación económica y de cuentas públicas tiene el Ayuntamiento de Madrid se concreta en que ha registrado importantes superávits (más de 1.000 millones de euros en el año 2016), el 16% del total de todas las corporaciones locales, mientras se incrementaba el esfuerzo inversor en un 102% y la inversión social en un 74%. Madrid ha reducido su deuda en 2.070 millones de euros, lo que supone una disminución del 37% mientras que al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid la ha incrementado en 5.461 millones de euros, es decir, un 20% más que en junio de 2015.

El trato discriminatorio es más que evidente: la administración central, de cuyas cuentas es responsable Montara, ha incumplido sistemáticamente no sólo la regla de gasto sino también la estabilidad presupuestaria y no ha tomado ninguna medida de corrección, vulnerando lo prometido a Bruselas. Lo mismo ha ocurrido con tantas otras comunidades autónomas y en especial en la propia Comunidad de Madrid. Son muchos los Ayuntamientos incumplidores de las reglas fiscales que están gobernados por el PP y que no sufren la hostilidad que recibe Madrid.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentamos para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

  1. Apoyar la Proposición de Ley en tramitación en el Congreso en la que se propone eximir de la aplicación de la regla de gasto a las Entidades Locales que presenten cuentas públicas saneadas.
  2. Instar al Ministerio de Hacienda a retirar la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, por resultar una medida discriminatoria y exceder lo establecido por la normativa vigente, con la única pretensión de castigar a un ayuntamiento que está demostrando, como tantos otros, que es prioritario poner la Hacienda Local y la economía al servicio de la mayoría social y los intereses generales de los ciudadanos/as.
  3. Instar al Gobierno a aprobar la prórroga de la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y llevar, posteriormente, una modificación definitiva de la legislación en ese mismo sentido.