En la disposición adicional 27 de los presupuestos del estado, Montoro y Rajoy continúan en la estrategia de ataque a la autonomía municipal, concretamente esta vez, a los procesos de remunicipalización que hemos emprendido en numerosos ayuntamientos que cuestionamos que las grandes contratas gestionen los servicios públicos esenciales.
Ante el empuje de los ayuntamientos del cambio, Rajoy y Montoro reaccionan intentando legislar en contra de esos procesos, lo que demuestra que sí es posible remunicipalizar servicios cómo estamos planteando.
Esta disposición adicional se titula “limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público” y en ella se señala que con la entrada en vigor de la ley de presupuestos, y con una vigencia indefinida, las administraciones públicas no podrán considerarse como empleados públicos ni incorporarlos a esta condición a los trabajadores de las contratas al finalizar el contrato o si se produce un rescate. Esto implica que los trabajadores perderían el derecho a la subrogación que tienen reconocida por la normativa laboral si el servicio se gestiona desde lo público.
En los supuestos, excepcionales según el texto, en los que el personal sea incorporado a sociedades mercantiles públicas, se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivo, lo que imposibilita legalmente que se pueda municipalizar ninguna contrata con un número de personal elevado, es decir, beneficiando a las grandes contratas.
Precisamente esas grandes contratas, las mismas que han estado implicadas en numerosos casos de corrupción, han conseguido que el Partido Popular usando el BOE defienda sus intereses y trate de impedir que se siga devolviendo a la gente servicios que nunca debieron ser privatizados para beneficio de unos pocos.
De esta manera, hemos pedido a Unidos Podemos y al resto de candidaturas del cambio organizarnos para hacer frente a este nuevo ataque contra los ayuntamientos