Sumar Aragón, Izquierda Unida Aragón y Zaragoza en Común valoran positivamente la decisión de la SAREB de solicitar la paralización del procedimiento de desahucio que afectaba a varias familias del inmueble de la calle José Zamoray de Zaragoza.
Esta noticia supone un alivio para las familias afectadas y demuestra que la defensa del derecho a la vivienda requiere compromiso institucional, pero también organización, solidaridad y movilización social.
Queremos reconocer de forma expresa que esta paralización ha sido posible, en primer lugar, gracias a la lucha, la organización y el extraordinario trabajo que desarrolla el Sindicato de Inquilinas. Su acompañamiento a las familias, su capacidad de denuncia pública y su defensa constante del derecho a permanecer en el hogar han sido fundamentales para alcanzar este resultado.
También queremos destacar la implicación de Zaragoza en Común, que trasladó formalmente al Ministerio de Vivienda la necesidad de intervenir para paralizar los desahucios y abrir una negociación con las familias afectadas, recordando que la SAREB, como entidad de mayoría pública, debe actuar conforme al interés general y a la garantía efectiva del derecho a la vivienda.
Asimismo, queremos reconocer la labor desarrollada por la diputada aragonesa de Sumar, Laura Vergara, que desde el primer momento se hizo eco de la situación de las familias afectadas, trasladó la alerta a las instituciones competentes y continúa trabajando para situar los problemas de vivienda que vive Aragón en la agenda política estatal. Su trabajo en la Comisión de Vivienda del Congreso forma parte de un compromiso sostenido para reforzar la protección de las familias vulnerables y avanzar en soluciones estructurales que garanticen el derecho a la vivienda.
Desde Sumar e Izquierda Unida queremos subrayar además que existen fuerzas políticas responsables que llevamos toda la legislatura trabajando para convertir el derecho a la vivienda en una realidad. La Ley por el Derecho a la Vivienda, la ampliación del parque público, la protección frente a los desahucios y la defensa de una función social de la SAREB forman parte de una estrategia continuada para garantizar que ninguna familia vulnerable sea expulsada de su hogar.
La paralización del desahucio es una buena noticia, pero no es el final del camino. Ahora toca transformar esta suspensión en una solución estable y definitiva. La SAREB debe abrir una negociación con las familias para formalizar contratos de alquiler social adaptados a sus ingresos y garantizar su permanencia en las viviendas. Esa es la salida compatible con el interés público y con el derecho a la vivienda que defendemos.
Del mismo modo, consideramos necesario que el Gobierno continúe reforzando el marco de protección de las familias vulnerables mediante un nuevo paquete de medidas que impida que situaciones como esta vuelvan a repetirse. La ampliación de los mecanismos de suspensión de lanzamientos, el fortalecimiento de las alternativas habitacionales, la seguridad en la prórroga de los alquileres para los hogares vulnerables y el papel social de la SAREB deben formar parte de las próximas iniciativas legislativas en materia de vivienda.
Pero hoy también queremos recordar algo que no debe olvidarse. Ninguna familia debería volver a pasar por la incertidumbre, la angustia y el sufrimiento que han vivido estas semanas las vecinas y vecinos de José Zamoray. Nadie debería volver a sentir el miedo con el que Mari Carmen afrontó la víspera de su desahucio, ni la tensión compartida por las decenas de personas que la acompañaron desde la noche anterior para impedir que perdiera su hogar.
La vivienda no puede seguir siendo un espacio de miedo. No podemos acostumbrarnos a que personas mayores, familias con menores o vecinos vulnerables vivan sin saber si podrán seguir durmiendo en su casa al día siguiente. Un país digno es aquel que ofrece certezas, seguridad y derechos, no amenazas de expulsión.
Desde Sumar Aragón, Izquierda Unida Aragón y Zaragoza en Común seguiremos trabajando junto a los movimientos sociales, las organizaciones de inquilinas y las instituciones para que ninguna familia tenga que defender sola su hogar y para que el derecho a la vivienda prevalezca sobre cualquier interés especulativo.
La movilización social funciona. La organización vecinal funciona. La política útil funciona. Y todas ellas son imprescindibles para que nadie vuelva a pasar una noche en vela preguntándose si mañana seguirá teniendo una casa en la que vivir.