La formación cuestiona que PP y Vox condicionen las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones a que cinco de las ocho estaciones de Zaragoza registren simultáneamente niveles elevados de contaminación y denuncia que se releguen las partículas en suspensión.
Elena Tomás: «Chueca está dispuesta a renunciar a proteger la salud de los zaragozanos para conseguir los votos de Vox a sus presupuestos. La contaminación no desaparece porque el Ayuntamiento decida mirar hacia otro lado».
Zaragoza en Común ha denunciado que el acuerdo anunciado por el Partido Popular y Vox para modificar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) parece diseñado para que las restricciones al tráfico apenas se apliquen. La formación considera que el Gobierno de Natalia Chueca está anteponiendo las exigencias de Vox a la protección de la salud pública para facilitar la aprobación de los presupuestos municipales de 2027.
La formación ha cuestionado especialmente el sistema anunciado, que exige que cinco de las ocho estaciones municipales superen simultáneamente determinados niveles de dióxido de nitrógeno durante dos horas consecutivas para activar las restricciones. La mayoría de estas estaciones se encuentran alejadas del perímetro de la ZBE, por lo que podría producirse un episodio de contaminación en el centro sin que se activase ninguna medida si las estaciones situadas en otros puntos de Zaragoza no registrasen los mismos niveles.
Zaragoza en Común ha recordado además que el propio Ayuntamiento inició en octubre de 2025 un expediente por un importe de 8.850 euros, sin IVA, para alquilar equipos destinados a medir dióxido de nitrógeno (NO2), partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y ruido dentro de la ZBE y en sus zonas colindantes, siguiendo las exigencias de seguimiento ambiental recogidas en el Real Decreto de 2022.
Sin embargo, PP y Vox anuncian ahora un sistema de activación general basado exclusivamente en el dióxido de nitrógeno, relegando las partículas en suspensión, también perjudiciales para la salud, a determinadas vías de especial protección. La formación considera contradictorio que el propio Ayuntamiento haya considerado necesario medir todos estos contaminantes y ahora anuncie un modelo que no los tenga en cuenta de manera general.
Zaragoza en Común ha advertido de que la contaminación atmosférica tiene consecuencias directas sobre la salud y ha recordado que algunas estaciones de Zaragoza ya registran niveles de dióxido de nitrógeno superiores a los límites europeos que serán obligatorios en 2030.
Asimismo, ha señalado las contradicciones del Partido Popular, recordando que en agosto la consejera Tatiana Gaudes acusaba a Vox de estar «una vez más fuera de la ley» y advertía del riesgo de perder 22 millones de euros de ayudas al transporte público si se desactivaban las sanciones.
Para Zaragoza en Común, lo que ha cambiado desde entonces no son las obligaciones legales ni los problemas de contaminación, sino la necesidad de Chueca de alcanzar un acuerdo presupuestario con Vox.
Por último, Zaragoza en Común ha anunciado que estudiará en profundidad la modificación de la ordenanza cuando tenga acceso al expediente completo, especialmente su encaje con la normativa estatal y europea y los informes técnicos y jurídicos que la sustentan, y que valorará las actuaciones
institucionales que correspondan durante su tramitación. La formación considera que no se puede presumir de una Zaragoza sostenible y climáticamente neutra mientras se pacta desactivar las medidas destinadas a reducir la contaminación del tráfico, e insiste en que la salud pública no puede convertirse en moneda de cambio de los acuerdos entre PP y Vox.