Un informe al que ha tenido acceso Zaragoza en Común revela que los controles de calidad del servicio ofrecen resultados “inaceptables”
La empresa se habría ahorrado más de 600.000 € en salarios entre 2022 y 2024. En cuanto a la igualdad de género, no se ha acreditado la aplicación de cláusulas de igualdad ni de lenguaje inclusivo
El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido acceso a un informe solicitado por ZEC en el pleno de Noviembre del año pasado y aprobado por unanimidad, que analiza el cumplimiento de los programas relativos a la conservación y limpieza de zonas verdes de los paseos arbolados, parque del agua y barrios rurales del sector 1 de Zaragoza, gestionado por la Ute Urbaser, que revela graves incumplimientos en el control, mantenimiento, reposición de árboles, césped y abonado, el uso de productos químicos, el uso de maquinaria antigua, la falta de personal y la ausencia de inventarios.
El propio informe reconoce que la mitad de los controles de calidad realizados han dado resultados inaceptables. Los criterios, fijados por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos sitúan la horquilla de calidad entre el 84% y el 94%.
En el caso del programa de ‘Árboles y palmeras’, el 77,3% se sitúa en un nivel “no aceptable” (siendo el 53,2% de lo realizado como un cumplimiento de nivel “incaceptable” y 24,1% “crítico”). En el ámbito de ‘Céspedes’, el 61,5% tampoco es “aceptable” (siendo el 57,5% “inaceptable” y el 3,7% de lo realizado considerado “crítico”). Unos resultados similares reflejan las zonas infantiles o las praderas.
“El Ayuntamiento de Zaragoza no solo ha permitido estos incumplimientos, sino que ha aceptado como válidos estándares de calidad rebajados hasta el 50%, muy por debajo de lo que dictan los manuales técnicos (84-94%). Esta permisividad evidencia una permisividad con la empresa que prioriza sus intereses económicos frente al interés general”, ha expresado en rueda de prensa la portavoz Elena Tomás.
Para Zaragoza en Común, el informe refleja un patrón sistemático: se dan por cumplidas tareas no realizadas, se aceptan vehículos contaminantes y maquinaria obsoleta; se omite información sobre igualdad, formación y seguridad laboral y se maquillan los datos ambientales, tolerando emisiones disparadas.
Además, la formación denuncia el incumplimiento de los pliegos, que establecían que “toda la información debía registrarse con la aplicación Arbomap, considerándose no realizado lo que no apareciera en ella”. Sin embargo, se ha permitido que la empresa incumpla reiteradamente esta obligación, dejando sin trazabilidad gran parte de las tareas. “Esto impide verificar con certeza qué se ha hecho y qué no, convirtiéndose en una “barra libre” para justificar incumplimientos”, ha señalado.
Los incumplimientos en la gestión de la vegetación son especialmente graves. Respecto al riego, no existen contadores instalados, lo que impide conocer consumos y responsabilizar a la empresa de la reposición de árboles muertos por falta de agua. Además, los abonados se han ejecutado sin analíticas de suelo que justifiquen su necesidad. En 2022, de 243 abonados previstos, se realizaron cero en arbustos y setos.
Respecto a los desbroces y escardas: de 48.151 escardas previstas en 2022, la empresa solo ejecutó 49 (0,05%) y respeto a los entrecavados: 0,003% realizados.
En cuanto al mantenimiento del arbolado: se dejaron de podar 750 árboles respecto a lo establecido. Además, la gestión del riesgo es deficiente: de 41.952 árboles, solo 101 fueron inspeccionados visualmente el primer año.
El informe también constata la inexistencia de inspecciones reflejadas como marcan los pliegos de condiciones en elementos clave para la seguridad ciudadana, como es el caso de los juegos infantiles, el mobiliario urbano y las redes de drenaje. En 2023 y 2024 no se realizaron inspecciones funcionales ni oculares en juegos infantiles ni mobiliario urbano y, respecto a las redes de drenaje, con un mínimo exigido de 19 intervenciones anuales, la empresa realizó 2 en 2022, 4 en 2023 y 5 en 2024. “Estos datos implican un riesgo evidente para la seguridad de usuarios, especialmente en zonas infantiles”, ha criticado la edil.
La formación también ha informado sobre el incumplimiento de las cláusulas sociales del contrato, de obligado cumplimiento según la Ley de Contratos del Sector Público, que tampoco se han respetado.
Respecto a la contratación de personal, no se cubrieron bajas ni vacaciones, ni se contrataron los refuerzos previstos. La empresa se habría ahorrado más de 600.000 € en salarios entre 2022 y 2024. En cuanto a la igualdad de género, no se ha acreditado la aplicación de cláusulas de igualdad ni de lenguaje inclusivo. Respecto a la formación y seguridad laboral, el informe detecta una ausencia de registros verificables.
Desde Zaragoza en Común también han advertido de que los compromisos medioambientales, que constituían un pilar del contrato, han sido vulnerados de manera reiterada.
Respecto a las emisiones de CO₂, se dispararon de 33,2 toneladas en 2022 a 509,6 toneladas en 2024, un aumento del 1535%. Además, se usan equipos antiguos de maquinaria, contaminantes y sin etiqueta ambiental, cuando el contrato exigía maquinaria nueva eléctrica y vehículos ECO o CERO. El informe apunta que los Planes de biodiversidad y reducción de emisiones no se han evaluado.