Zaragoza en Común critica que esta opacidad en el área que dirige Víctor Serrano no responde “a una ocasión puntual” y recuerda que tanto el Interventor municipal como el Tribunal de Cuentas ya advirtió sobre el mal uso de los contratos de emergencia
“No deja de tener guasa que el señor Serrano no esté intentando vender este despilfarro de dinero público como una inversión para la ciudad”, ha criticado el concejal de ZEC
El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado la “opacidad y absoluta falta de transparencia” con la que se ha llevado a cabo las obras de Saltoki en una parcela que ya había vendido a la compañía y por las que pagó 4,1 millones de euros. Una situación con la que “llueve sobre mojado”, ha asegurado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez.
Para el edil, esta situación es “especialmente grave” porque “parece que Urbanismo trabaja en favor de algunas empresas y no del bien público”, un área en la que “de forma constante vemos informes técnicos a la carta y contratos de emergencia”. Zaragoza en Común ya advirtió del mal uso de este tipo de contratos, sobre los que se pronunció en el mismo sentido el propio Interventor municipal y el Tribunal de Cuentas. “Una fórmula que no permite garantizar la transparencia y de la que se hace un uso continuado y no argumentado desde el área”, ha señalado Domínguez.
Zaragoza en Común ha pedido explicaciones sobre las razones por las que se han acometido obras sobre suelos que no son de propiedad municipal y las razones por las que estas no han tenido la publicidad que requieren. Además, ha pedido un mayor control sobre este tipo de contrato, que permite saltarse algunas garantías de la contratación y elegir a la empresa contratista, de forma que son mucho más ágiles pero menos transparentes.
Según publica Heraldo de Aragón sobre las obras para la implantación del centro logístico de Saltoki y la suma millonaria que ha costado a las arcas municipales, Urbanismo “ha asumido como obra de emergencia un gigantesco movimiento de tierras cuando ya había pasado un año de la compra-venta y sin que hubiera ningún compromiso por escrito. Ha abonado por ello más de 4.1 millones”.
“No deja de tener guasa que el señor Serrano no esté intentando vender este despilfarro de dinero público como una inversión para la ciudad”, ha criticado el concejal de ZEC.
Desde Zaragoza en Común han exigido que desde Urbanismo del gobierno de Natalia Chueca se tomen las medidas necesarias para aplicar la normativa de transparencia en los contratos y se digitalicen los expedientes para permitir un control sobre estos.
Advertencias sobre este tipo de contratos por el Tribunal de Cuentas
Zaragoza en Común ha recordado que en varias ocasiones el área de Víctor Serrano ha sido advertida de las irregularidades en la contratación de emergencia. Bajo el gobierno de Azcón, también con Serrano al frente de Urbanismo, se dejaron sin ejecutar las obras en los colegios de los Presupuestos Participativos y, tras la presión de las asociaciones de madres y padres de la escuela pública, el consejero utilizó este tipo de contratación que abrió la situación de pandemia para adjudicarlas.
Serrano, para justificar esta contratación, aseguró que las obras serían repartidas entre constructores de la ciudad pero acabaron en manos de grandes empresas como Sacyr o Ferrovial.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas emitió un informe en el que apuntaba que sólo la necesidad de hacer efectivas las medidas con carácter inmediato derivadas de la crisis sanitaria justificaba la tramitación de emergencia de los contratos públicos, «sin obligación de tramitar expediente de contratación, ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto».
El Tribunal de Cuentas destacó que estos tres contratos destinados a obras de reparación y adecuación de los colegios públicos no contaban con cobertura legal, valorados en 723.979 euros.
Una situación que volvió a darse en 2022 y que, en este caso, fue señalada por el Interventor municipal. Ese año, todos los contratos de emergencia se tramitaron por el área de Urbanismo y Equipamientos (Gerencia de Urbanismo) y del importe total 2.266,750,14 € (57,13%) correspondían a las actuaciones en Plaza Salamero.
En sus conclusiones, el interventor señaló: “El cumplimiento de los requisitos del art. 120 LCSP, esto es, de la inmediatez y del análisis de la concurrencia de “acontecimientos catastróficos” o de “situaciones que supongan grave peligro”, no se encuentra debidamente justificado en la documentación aportada por los servicios gestores en los contratos n.o 2, 3, 6, 9 y 10, tal como se expone en el objetivo 3 de este informe.
Asimismo, le recordó que la Gerencia de Urbanismo no ha cumplido ninguna de las recomendaciones emitidas en el informe de control financiero realizado con ocasión de la contratación de emergencia municipal.
También en el último pleno, Zaragoza en Común denunció que el señor Serrano tuvo que ser “rescatado” por los remanentes de tesorería, para abonar 1.3 millones de euros de facturas en los cajones del año 2023, un 2% del presupuesto que maneja.
“La cuestión es muy grave y se está convirtiendo en algo habitual en el gobierno del PP”, ha concluido el edil.