Proyectos financiados dos veces, ayudas públicas sin declarar y advertencias de falta de justificación de gastos que, lejos de un mayor control y transparencia, tienen como resultado la firma de nuevos convenios con una mayor cuantía de dinero público
El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado las graves irregularidades detectadas por la Intervención municipal en sus informes sobre los convenios de PP y VOX con las entidades antiabortistas Ainkaren y Red Madre: proyectos financiados dos veces, ayudas públicas sin declarar y advertencias de falta de justificación de los gastos.
En concreto, en lo referente al convenio con Ainkaren, el órgano de control municipal alerta sobre el incumplimiento del beneficiario de declarar todas las ayudas públicas, pese a que la Ordenanza de Subvenciones y la propia cláusula octava del convenio obligan a ello.
El informe no menciona la subvención autonómica de 60.000 € concedida por el Gobierno de Aragón en julio de 2024 a la asociación Ainkaren, «lo que constituye una insuficiencia del control técnico, al impedir verificar adecuadamente la financiación global del servicio».
Esta situación ya fue denunciada por Zaragoza en Común en 2024 en una rueda de prensa en la que señaló que la entidad había pasado de contar con una financiación de apenas 10.000 euros a contar en 2024 con dos convenios nominativos por un total de 91.000 euros.
La formación ya cuestionó en su momento esa duplicidad de la financiación pública, con ambos convenios para un mismo proyecto: un centro de acogida para 17 mujeres y sus hijos, con alojamiento, guardería, formación y acompañamiento. Además, Ainkaren omitió la existencia del convenio con el Gobierno de Aragón en la memoria del proyecto presentada al Ayuntamiento.
En la actualidad, la Intervención Municipal da la razón al grupo municipal al señalar que «ambos convenios financian en la práctica el mismo dispositivo asistencial: la Casa Cuna gestionada por Ainkaren (…). Se trata, por tanto, de financiaciones estructurales complementarias de una misma actividad continuada de atención social, con diferente origen administrativo pero idéntico destino funcional».
Para Zaragoza en Común, la situación es “especialmente grave”, ya que estas irregularidades detectadas por la intervención municipal han vuelto a producirse en 2025 con la diferencia es que en esta ocasión la cuantía financiada con dinero público asciende a 103.500 euros al haberse incrementado el convenio del ayuntamiento de Zaragoza hasta los 43.500 euros frente a los 31.050 que destinaba el gobierno de PP y VOX en 2024.
En el convenio de 2025 firmado por la Consejera Orós, vuelve a no aparecer ninguna referencia a la financiación por parte del Gobierno de Aragón lo que impide verificar adecuadamente la financiación global de la entidad.
En este sentido, la Intervención señala que «dado que este órgano de control no ha tenido acceso a la justificación presentada por la entidad ante la Administración autonómica, no puede verificarse si existen facturas o justificantes de gasto imputados simultáneamente a ambas subvenciones».
Baja inversión
Zaragoza en Común también ha puesto en cuestión la baja inversión en este servicio, que es entre cuatro y ocho veces menor a lo establecido en los los módulos económicos oficiales establecidos por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para recursos residenciales especializados.
Aunque los recursos no son homologables en muchos casos, esta escasa inversión señala la baja calidad de la intervención, que se lleva a cabo con precarización y falta de personal suficiente para llevar a cabo de manera adecuada todas las tareas que supuestamente se llevan a cabo, así como la selección en los perfiles a atender que desdeñan aquellas situaciones que requieren respuestas más complejas y con una intensidad de recursos mayor.
Red Madre
En lo referente al convenio firmado con la entidad antiabortista Red Madre la Intervención Municipal pone en cuestión la actuación del Área de Políticas Sociales, cuyo servicio gestor mantuvo desde fases tempranas una valoración positiva de la justificación, proponiendo en dos ocasiones su aprobación y el abono del 20% restante de la subvención al tiempo que la Intervención General detectaba grandes deficiencias en la acreditación de los gastos.
Desde Zaragoza en Común han señalado que desde la consejería “existe un mayor interés en resolver esta subvención de acuerdo a los intereses de esta entidad que en garantizar el cumplimiento de la legalidad y su correcto uso”.
De hecho, las advertencias de los informes de Intervención supusieron que el Ayuntamiento no abonara el 20% restante de la subvención a la entidad y el reintegro parcial de 1.891,26 €, debido a la imputación inicial de gastos no subvencionables y a deficiencias en la acreditación de determinados costes, especialmente de personal.
Pese a ello, en diciembre de 2025 se procedió a la firma de un nuevo convenio que además en este caso tiene la curiosidad de cubrir el 100% del proyecto en lugar del 80% como en los últimos años viene siendo habitual. La formación ha recordado que en casos como el del Consejo de la Juventud esta distribución de los porcentajes se ha utilizado para forzar a esta entidad a renunciar al mismo al no poder financiar el otro 20%.
En ambos casos, tanto en el caso de Ainkaren como el de Red Madre, la Intervención señala la falta «datos objetivos o indicadores cuantitativos que permitan dimensionar la demanda atendida, la cobertura o la suficiencia de la financiación propuesta», así como la falta de indicadores de resultados, «limitándose a reproducir los datos declarados por la entidad, sin valorar la correspondencia entre los objetivos del convenio y los resultados obtenidos».
Zaragoza en Común ha criticado la falta de transparencia en la concesión de estos convenios, que se suman a otros con entidades “de corte reaccionario» como el Centro Diocesano de Orientación Familiar.
La formación ha alertado de que, “con estos convenios, la Sra. Orós y la Sra. Chueca asumen de buen grado la agenda ideológica de VOX, con fórmulas claramente clientelistas en la gestión de los fondos públicos”.