Suso Domínguez: «Es un servicio concebido para hacer política con el miedo que cada año tiene menos demanda mientras la verdadera emergencia sigue siendo el acceso a la vivienda»
Zaragoza en Común ha criticado el balance realizado por el Gobierno de Natalia Chueca sobre el convenio de asesoría jurídica frente a la ocupación ilegal suscrito con el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), al considerar que los propios datos difundidos por el Ayuntamiento demuestran que se trata de un servicio «desproporcionadamente caro, con una utilidad muy limitada y concebido más para alimentar un relato político que para resolver los problemas reales de acceso a la vivienda» explica Suso Domínguez.
«Cinco años después, los propios datos del Ayuntamiento nos dan la razón. Estamos hablando de un servicio que va claramente a menos mientras el Gobierno municipal sigue utilizándolo para alimentar un discurso político sobre la ocupación», señala el edil.
Domínguez ha recordado además que, en las memorias del propio servicio, muchas de las actuaciones consisten únicamente en consultas telefónicas o asesoramientos iniciales y, sin embargo, el coste medio asciende aproximadamente a 350 euros por consulta.
«Resulta difícil justificar este gasto cuando muchas de las intervenciones son simplemente una llamada telefónica de orientación jurídica. Es un servicio político, no una respuesta a una necesidad prioritaria de Zaragoza», ha afirmado.
Zaragoza en Común considera especialmente preocupante que el Gobierno municipal mantenga este tipo de gastos voluntarios mientras el propio Interventor municipal viene advirtiendo en los informes que acompañan recientemente a los convenios de la delicada situación financiera del Ayuntamiento. En esos informes recuerda expresamente que ‘debería plantearse una contención en la ejecución del gasto presupuestado, priorizando los gastos obligatorios y los ya comprometidos y reduciendo sustancialmente los gastos voluntarios al objeto de evitar que se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento’.
«Si el propio Interventor está advirtiendo de la necesidad de contener el gasto voluntario, lo lógico sería revisar convenios como éste, cuya demanda disminuye año tras año y cuya utilidad real es muy limitada», ha explicado Domínguez.
Desde Zaragoza en Común subrayan además que el propio Ayuntamiento reconoce que durante el primer semestre de este año únicamente se han registrado 36 consultas y que en más del 90% de los expedientes no se detectó ninguna situación de vulnerabilidad entre los ocupantes.
«El problema de Zaragoza no es la ocupación; el problema es la vivienda. Tenemos un parque público claramente insuficiente, miles de personas que no pueden acceder a un alquiler asequible, personas que pierden su vivienda y un albergue municipal saturado sin que el Ayuntamiento esté ofreciendo respuestas suficientes. Mientras tanto, el Gobierno de Chueca sigue destinando recursos públicos a un servicio con una incidencia mínima en la ciudad porque le resulta útil para construir un determinado relato político», ha manifestado el concejal.
Para Zaragoza en Común, la seguridad jurídica de los propietarios debe garantizarse con todos los instrumentos legales disponibles, pero ello no puede servir de excusa para mantener un gasto que no responde a las prioridades reales de Zaragoza.
«Las prioridades deberían ser aumentar el parque público de vivienda, prevenir los desahucios, atender a las personas sin hogar y reforzar los servicios sociales. Sin embargo, el Gobierno del PP sigue prefiriendo invertir en un servicio que cada año tiene menos demanda porque le permite mantener vivo un discurso político sobre la ocupación», ha concluido Suso Domínguez.