Zaragoza en Común ha alertado esta mañana de que el nuevo pliego de condiciones del transporte urbano por autobús supone “una renuncia injustificable a municipalizar el servicio”, pese a tratarse del contrato más importante del Ayuntamiento y de un sector estratégico para la movilidad y la calidad de vida en la ciudad. La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha subrayado que Zaragoza “pierde una oportunidad histórica para situarse en la senda de ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao o Barcelona, que han avanzado hacia modelos públicos solventes y con mayor capacidad de control y mejora continua”.
El valor estimado del contrato alcanza casi 3.300 millones de euros, una cifra sin precedentes que, según la formación, exige un modelo riguroso y ambicioso. Sin embargo, el Gobierno municipal opta por repetir la estructura del contrato de 2013 sin incorporar avances significativos ni mecanismos sólidos de supervisión. Zaragoza en Común denuncia que, en vez de orientar este esfuerzo económico hacia la mejora del servicio, el Ayuntamiento consolida un esquema que “refuerza la dependencia respecto a la adjudicataria y debilita el papel de la administración pública”.
Uno de los elementos más preocupantes del pliego es la cláusula 4.5, que establece un sistema de reequilibrio económico automático que obliga al Ayuntamiento a compensar a la empresa ante cualquier variación relevante del modelo financiero previsto. Según este mecanismo, la adjudicataria tiene derecho a recibir compensación ante subidas de costes laborales, aumentos del precio de los combustibles, fluctuaciones de demanda o incluso cambios en la velocidad comercial. El pliego llega a establecer que la empresa puede reclamar reequilibrio si su beneficio industrial cae por debajo del ofertado, e incluso si llega a ser inferior al 0%. Para Zaragoza en Común, esto demuestra que “pase lo que pase (inflación, crisis, ajustes regulatorios o decisiones municipales) la empresa siempre gana”. Elena Tomás recalca que “el riesgo no se reparte: recae íntegramente en la ciudad”.
El documento económico del expediente confirma esta preocupación. El primer año del contrato se estima en 100 millones de euros, frente a los apenas 70,2 millones disponibles en el presupuesto municipal de 2025. Esta previsión consume, según Intervención, más del 83% del margen total permitido por la regla de gasto de 2027, comprometiendo la capacidad económica del Ayuntamiento durante buena parte de la próxima década. La organización advierte de que “el Gobierno PP ha decidido tensar al límite la estabilidad financiera municipal sin explicar qué servicios piensa recortar o qué ingresos piensa aumentar para sostener este contrato”.
Zaragoza en Común denuncia también que el pliego mantiene prácticamente intactos los indicadores de calidad de 2013. Las exigencias de puntualidad, disponibilidad de flota, control de averías o seguimiento de incidencias apenas se modifican y, en algunos casos, incluso se rebajan respecto a las recomendaciones del estudio técnico previo. Se conserva el sistema de pago por kilómetro, durante años duramente criticado por el propio Partido Popular, que ahora lo perpetúa.
A este continuismo se suman unas penalizaciones que, pese al enorme coste del contrato, siguen siendo prácticamente idénticas a las del pliego anterior. Retrasos graves, incumplimientos en la prestación del servicio o faltas de renovación de materiales continúan sancionándose con cantidades simbólicas que no generan incentivos reales para corregir deficiencias. Para Elena Tomás, el Ayuntamiento queda así “en una posición de enorme debilidad frente a la concesionaria, incapaz de exigir los estándares de calidad que la ciudad necesita”.
El impacto financiero del modelo no acaba ahí. El pliego establece un fee de gestión del 13,70%, que suma los gastos generales de la empresa y su beneficio industrial. Aplicado a lo largo de los quince años de ejecución potencial del contrato (10 + 5 de prórroga), este margen representa 452 millones de euros destinados directamente a rentabilidad empresarial, y no a la mejora del servicio. “Ese dinero podría reforzar líneas, modernizar flotas, desarrollar nuevas infraestructuras o mejorar frecuencias si el servicio estuviese municipalizado”, señala la portavoz. “En lugar de eso, se destina a asegurar márgenes privados”.
Entre las inversiones previstas destaca la sustitución de todos los postes de parada por nuevos postes inteligentes equipados con cámaras e inteligencia artificial, una inversión sustancial cuyo uso principal, según recoge el propio anexo del pliego, incluye la detección automática de vehículos, la vigilancia de ocupaciones indebidas en paradas y carriles bus y la generación de “datos necesarios para la sanción”. Para Zaragoza en Común, esto demuestra que “la prioridad del Gobierno no es mejorar la experiencia del usuario, sino aumentar la capacidad de control y sanción, sin justificar adecuadamente el retorno social de esta inversión tan elevada”.
La formación advierte, además, de la falta de claridad y viabilidad en aspectos técnicos esenciales. La ampliación de cocheras depende de que el Ayuntamiento disponga de terrenos adecuados, algo no garantizado, la entrega de nuevos autobuses eléctricos puede exceder los plazos previstos en el pliego y el servicio de transporte a demanda hacia centros sanitarios se limita a 200.000 kilómetros anuales, una cifra que difícilmente cubrirá las necesidades reales de la población y que, inexplicablemente, incluye la clínica privada Quirón pero excluye los centros de especialidades públicos.
Para Zaragoza en Común, el balance global del pliego es claro: “este contrato no está diseñado para mejorar el servicio, sino para garantizar la rentabilidad de la adjudicataria”. Elena Tomás concluye que la ciudad necesita “un modelo público, moderno y eficiente, que responda a los retos de movilidad, sostenibilidad y derechos sociales de la ciudadanía” y no un contrato que “hipoteca las cuentas municipales, perpetúa los problemas y cede todo el riesgo a la Administración mientras asegura beneficios millonarios a una empresa privada”.