La reciente venta de 323 viviendas, que se habrían podido adquirir por un precio medio de 68.000 euros por unidad, era una “oportunidad única” para aumentar el parque público de vivienda
Una adquisición pública facilitaría la gestión pública, el acceso a los fondos europeos de rehabilitación y, sobre todo, garantizaría el derecho a permanecer de los actuales inquilinos/as, así como una contención de los precios del alquiler
Zaragoza, 25 de junio de 2025.- El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado públicamente que la operación de compraventa de viviendas en Aloy Salas, impulsada bajo el mandato de Natalia Chueca, va a suponer la expulsión de los vecinos y vecinas del barrio para beneficiar a los fondos de inversión. “Una vez más, se demuestra que en materia de vivienda, el gobierno municipal del PP y VOX no defiende el derecho a la vivienda, sino que promueve la especulación y contribuye activamente a agravar la crisis habitacional que sufre Zaragoza”, ha detallado el concejal Suso Domínguez.
Desde Zaragoza en Común subrayan que la reciente venta de 323 viviendas, que se habrían podido adquirir por un precio medio de 68.000 euros por unidad, era una “oportunidad única” para aumentar el parque público de vivienda.
Una adquisición pública de ese calibre habría supuesto que el Ayuntamiento pasara a controlar el 52% de la propiedad, lo que facilitaría la gestión pública, el acceso a los fondos europeos de rehabilitación y, sobre todo, garantizaría el derecho a permanecer de los actuales inquilinos, así como una contención de los precios del alquiler en la zona.
Además, esta operación especulativa coincide con decisiones del propio gobierno de Natalia Chueca que contribuyen a revalorizar las viviendas de Aloy Salas. En concreto, la inversión de 704.946,11 euros en la reurbanización de la calle Pedro de Alvarado, y los casi 4 millones de euros (3.991.280€) de fondos europeos anunciados para rehabilitar 144 viviendas, de las cuales 76 ya pertenecen al nuevo grupo inversor. Este grupo, según ha trascendido, planea subidas del alquiler de hasta un 50% tras la rehabilitación, en claro perjuicio de los inquilinos actuales.
Según ha denunciado la formación, también resulta llamativo que, apenas días después del anuncio de estas inversiones, se aprobara en la Gerencia de Urbanismo levantar la interrupción administrativa de licencias urbanísticas para varias comunidades de propietarios en Aloy Salas. Todo esto genera serias dudas sobre la posible cooperación activa del gobierno municipal en esta operación especulativa.
Desde Zaragoza en Común nos preguntamos si el Gobierno ha sido un colaborador necesario en esta venta: si ha habido contactos con el grupo de inversores, el contenido de esos contactos si los hubiera y si se ha tratado alguna condición para futuras ayudas públicas.
Desde Zaragoza en Común, han recordado que en esta misma zona se encuentran las instalaciones de Instalaza, empresa que ya en 2012 intentó modificar el PGOU para construir nuevas viviendas, lo que demuestra el interés especulativo continuado sobre estos suelos.
Europa ya ha advertido de la necesidad de aplicar criterios sociales en la distribución de ayudas públicas. Zaragoza en Común ha presentado propuestas en este sentido para garantizar que las subvenciones no perjudiquen a los vecinos ni provoquen desplazamientos. Sin embargo, tanto el PP como VOX han votado en contra, negándose a garantizar el arraigo de los vecinos y el derecho a la vivienda.
Por todo ello, en el próximo Pleno el grupo municipal exigirá al Gobierno información relativa a si conocía el Ayuntamiento que las viviendas estaban en venta y realizó alguna oferta a Edificios Miraflores. En caso negativo, la formación quiere conocer los motivos por los que no se presentó una propuesta de compra.
El grupo municipal también quiere conocer cuántas de las viviendas beneficiadas con los fondos europeos de rehabilitación pertenecen a Edificios Miraflores y si ha habido conversaciones entre el Ayuntamiento y el grupo de inversores. Quieren saber cuál fue el contenido y qué tratamiento se les dará en futuras convocatorias de rehabilitación.
“Zaragoza necesita políticas de vivienda valientes y comprometidas con el derecho a una vivienda digna, no gobiernos que promuevan operaciones que expulsan a los vecinos y enriquecen a unos pocos”, ha concluído Domínguez.