Elena Tomás urge retirar la modificación de la ordenanza de abastecimiento de agua para 2027 al considerar que el cálculo de los costes del servicio incluye partidas sobredimensionadas que terminan repercutiendo directamente en la ciudadanía.
La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha denunciado en rueda de prensa que el Gobierno municipal utiliza previsiones de gasto superiores a lo que finalmente se ejecuta para justificar la subida de la tasa.
Tras analizar la documentación económica de la ordenanza, han detectado varias partidas en las que el Ayuntamiento calcula la tasa utilizando el presupuesto inicial, pese a que posteriormente esas cantidades se reducen, no se ejecutan completamente o terminan destinadas a otros gastos municipales. «Se calcula cuánto tiene que pagar la ciudadanía sobre unas cantidades que después el propio Ayuntamiento reduce, modifica o destina a otros gastos. Y la diferencia ya la han pagado las familias zaragozanas», detalla la edil.
Uno de los ejemplos más claros se encuentra en la partida de conservación y reparación de agua potable. En 2025 se presupuestaron 1,2 millones de euros, pero finalmente el gasto fue de 491.521 euros. Parte del dinero restante terminó destinado mediante modificaciones presupuestarias a otros fines, entre ellos complementos específicos de trabajadores municipales, asfaltado de calles o gasto corriente del autobús urbano. Pese a ello, los 1,2 millones iniciales fueron la cantidad utilizada para calcular la tasa.
En 2026 se presupuestaron 800.000 euros y hasta agosto únicamente se habían ejecutado 91.628 euros. Sin embargo, para 2027 el Gobierno de Chueca vuelve a establecer una previsión de 1,2 millones de euros. “No tiene sentido utilizar como referencia para calcular lo que paga la ciudadanía cantidades que después el propio Gobierno municipal modifica y no destina al servicio de agua”, ha afirmado la portavoz.
La misma situación se produce en el suministro de agua de ciudad. En 2025 se presupuestaron 9,9 millones de euros, aunque posteriormente la partida se redujo en más de un millón, hasta los 8,8 millones, que fueron finalmente los costes del servicio.
“Ese millón de euros de diferencia no desapareció. Se utilizó para otras necesidades municipales, como complementos específicos de la plantilla o revisiones de precios de conservación viaria, pero previamente se había incluido en el cálculo de lo que debía pagar la ciudadanía por el agua”, ha explicado Tomás Bona.
Zaragoza en Común ha detectado el mismo patrón en otras partidas vinculadas al servicio, como las obras y renovación de equipos de la potabilizadora, los contadores de agua, la renovación de la red o el suministro de carbón activo.
Además, el grupo municipal denuncia que la subida anunciada por el Gobierno municipal tampoco coincide en todos los casos con el porcentaje presentado públicamente.
En concreto, para los calibres de hasta 20 milímetros, el incremento previsto en la nueva tarifa alcanza el 2,65 %, y no el 2,5 % anunciado.
«Nos encontramos con una subida que se presenta como del 2,5 %, pero que en algunas tarifas es superior, mientras el cálculo de costes parte de cantidades que después el propio Ayuntamiento modifica. La ciudadanía tiene derecho a saber exactamente cuánto paga y porqué», ha reclamado Tomás.
Zaragoza en Común recuerda que, según sus cálculos, la recaudación por abastecimiento de agua ha aumentado desde 2018 un 32,3 %, lo que supone aproximadamente 7,4 millones de euros más.
Tomás Bona ha contrapuesto este incremento con la política fiscal del Gobierno de Natalia Chueca. «Mientras el Gobierno del PP aumenta la recaudación a través de tasas que paga el conjunto de la ciudadanía, mantiene bonificaciones y rebajas fiscales que benefician especialmente a quienes tienen mayor capacidad económica. Es una política fiscal injusta».
Lo que está en juego no es solo unas décimas más o menos en el recibo. Está en juego el modelo de ciudad y de fiscalidad que defiende el Gobierno de Natalia Chueca: si los servicios públicos se financian con criterios de transparencia y justicia, o si se utilizan para aumentar la recaudación a costa del conjunto de la ciudadanía.
«El agua es un servicio básico y su coste debe calcularse con rigor sobre los gastos reales del servicio y no sobre partidas presupuestarias que después se modifican para pagar otras cosas. Los errores presupuestarios del Gobierno de Chueca no pueden acabar en el recibo del agua de las familias zaragozanas», ha concluido Tomás.
Desde Zaragoza en Común, se exigirá, en caso de que no se retire esta modificación, que la tasa del agua se congele y los ciudadanos paguen la misma cuantía que en el año 2026.