Zaragoza en Común presentará en el próximo Pleno municipal una moción para exigir el cumplimiento de la legislación educativa y el fin de los privilegios a la enseñanza concertada, que está siendo sobrefinanciada a costa de la escuela pública.

 

Actualmente, el 12,5% del presupuesto educativo se destina a la concertada, pese a que estos centros representan únicamente el 7,2% del total. “Esto es sobrefinanciación, son privilegios pagados con dinero público, y se hace a costa de la mayoría social”, ha denunciado Elena Tomás, la portavoz del grupo.

Además, la concertada no garantiza la inclusión ni la diversidad, ya que expulsa o deriva alumnado con dificultades educativas y segrega por renta, origen y capacidades, según ha explicado la formación.

La situación se agrava en Aragón con la política del Gobierno del Partido Popular, que está deteriorando el sistema público. La dimisión de la Directora Provincial de Zaragoza, la marcha en bloque del equipo directivo del IES Martina Bescós —respaldada por su propio Consejo Escolar— y la dimisión del director del IES Miguel Servet, que denunció la incapacidad de atender dignamente al alumnado con TEA, son tres ejemplos que reflejan un sistema educativo al límite, sin recursos suficientes y con profesionales que ya no pueden sostener las consecuencias de estos recortes.

Mientras tanto, faltan docentes, personal administrativo, personal de limpieza, auxiliares educativos, fisioterapeutas o técnicos de infantil, y ni siquiera existen las listas de sustitución que son obligatorias por ley.

Las Cortes de Aragón, a propuesta de Izquierda Unida y con la aprobación de todos los grupos parlamentarios, se comprometieron a reforzar al personal no docente y garantizar la cobertura de bajas en menos de diez días. Sin embargo, el Gobierno autonómico incumple ese acuerdo, que “solo fue postureo”.

Además, la ley obliga a promover más plazas públicas. Pese a ello, el PP continúa cerrando aulas de 3 años en centros públicos, 39 solo en Zaragoza.

A esta situación se suma la responsabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha vulnerado el principio de igualdad, otorgando ayudas exclusivamente a estudiantes de centros privados financiados con fondos públicos y dejando fuera a quienes estudian en la escuela pública.

Por otro lado, el Gobierno de Natalia Chueca incumple su obligación de mantener los colegios públicos en condiciones dignas. Centros como el Lucien Briet se han visto obligados a protestar en la calle por la falta de personal administrativo, de limpieza y de personal de mantenimiento.

Zaragoza en Común exigirá que el Ayuntamiento rectifique su política educativa, garantice la igualdad de trato a todo el alumnado, refuerce el mantenimiento y los recursos humanos en los centros públicos, y sea parte activa en la defensa de la educación pública en Aragón.

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