Las aportaciones de la formación van en la línea de adaptar el nuevo diseño de las zonas naranjas y azules a las necesidades de cada uno de los barrios, aportar una mayor transparencia y participación al proyecto e incorporar mejoras para la medición de la contaminación atmosférica y acústica y bonificaciones a las personas y hogares más vulnerables, como las grandes líneas
Elena Tomás: “Nos tememos que el objetivo principal de este gobierno es recaudatorio y no el de mejorar la movilidad en los barrios, para lo que es necesario contar con un buen transporte público”
El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado 25 votos particulares y 18 alegaciones al proyecto del gobierno del PP que regulará el estacionamiento regulado en la ciudad, una norma formada por el reglamento del servicio y el estudio de viabilidad económica y financiera del mismo. Las aportaciones de la formación van en la línea de adaptar el nuevo diseño de las zonas naranjas y azules a las necesidades de cada uno de los barrios, aportar una mayor transparencia y participación al proyecto e incorporar mejoras para la medición de la contaminación atmosférica y acústica y bonificaciones a las personas y hogares más vulnerables, como las grandes líneas.
El proyecto supone pasar de 13 zonas a 16, aumentando las plazas en zona naranja y en mucha menor proporción en zona azul. Las plazas pasan de ser, en la zona naranja, de 2.369 a 16.924; y azul de 4.151 a 4.821. “Si bien no compartimos el incremento de las zonas azules, el de las zonas naranjas servirá para facilitar el aparcamiento a los residentes sin plaza de garaje de barrios donde ahora resulta complicado aparcar, aunque nos tememos que el objetivo principal de este gobierno es recaudatorio y no el de mejorar la movilidad en los barrios, para lo que es necesario contar con un buen transporte público”, ha señalado Elena Tomás.
La edil ha destacado que “la zona naranja es necesaria en aquellos barrios obreros donde hay mucha vivienda sin garaje y dificultad para aparcar, por lo que las plazas existentes se deben de priorizar para los que viven en esas zonas. Se trata de evitar que cuando una persona llega de trabajar ocho horas de un polígono al que necesariamente debe ir en coche, al llegar a su casa tenga que perder veinte minutos dando vueltas hasta encontrar un hueco. Además, la zona naranja también es una herramienta muy eficaz para favorecer la movilidad sostenible al desincentivar los desplazamientos en coche dentro de la ciudad, pero para ello es vital mejorar el servicio de bus urbano”.
Preguntar a los vecindarios y comerciantes
La formación ha denunciado que a pesar de que la ampliación de la zona naranja en los barrios es de gran calado, al multiplicarse por cuatro las plazas, las reuniones que se mantuvieron con las juntas de distrito para delimitar su uso se produjeron, en algunos casos, en 2020, año desde el cual la movilidad ha sufrido importantes cambios. De otras reuniones con otros distritos no se tiene constancia.
También, han señalado que en el nuevo articulado de la ordenanza se vuelven a incorporar iniciativas que ya se implementaron en la zona 5 y 6, y que finalmente se retiraron debido al elevadísimo número de incidencias que acarrearon.
En este sentido, el grupo municipal ha solicitado al gobierno de Natalia Chueca que mantenga reuniones con los distintos barrios para conocer a fondo las necesidades de los vecinos y vecinas y de los comercios que están ahí situados.
Zaragoza en Común también ha pedido que se incorporen al mismo todos los anexos y actas que no están, pero se citan, y se vuelva a abrir un nuevo plazo de alegaciones y votos particulares, “dadas las enormes lagunas existentes en los expedientes que están en exposición pública”.
Bonificación para familias y hogares vulnerables
Zaragoza en Común también ha planteado dos votos particulares dirigidos a ampliar las bonificaciones para familias y hogares vulnerables. Para que un usuario con condición de residente pueda ser considerado “Residente Vulnerable” deberá cumplir que su renta no supera 1 veces el IPREM, según la normativa actual. Desde ZEC han adaptado su propuesta, situando ese límite en 1,5 veces el IPREM.
Desde Zaragoza en Común han criticado la doble vara de medir del Partido Popular al establecer bajo unas cantidades u otras del IPREM los criterios para considerar vulnerable a un hogar. “¿Por qué motivo, cuando se trata de ayudas a la educación concertada se considera vulnerable a una familia que supera 8 veces el IPREM y para la bonificación del estacionamiento regulado se contempla el límite en otro número diferente?”, ha señalado la edil. La formación ha pedido que sea el mismo límite en estacionamiento regulado que el fijado en las ayudas a la educación concertada.
De igual modo, este límite trasladado a la renta conjunta anual de la unidad familiar se sitúa, en la normativa, en el 50% del importe de la última actualización del IPREM y la propuesta de Zaragoza en Común eleva este porcentaje hasta el 75%. Tampoco los cálculos económicos para ver la viabilidad del proyecto parecen “realistas” a la formación, al tomar como referencia datos del año 2019 y no del 2023.
Además, también pretenden incluir en el régimen especial para determinados usuarios que se ven bonificados por PYME itinerante, como es el caso del comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados, a las cooperativas de limpieza que tienen que desplazarse a distintas zonas de la ciudad para llevar a cabo sus servicios.
Parquímetros y medidores de contaminación
Otra de las medidas propuestas por Zaragoza en Común para mejorar este proyecto en su aspecto medioambiental es la de multiplicar las estaciones portátiles de contaminación acústica y del aire pasando de las 16 que hay previstas, a 391, es decir, una por parquímetro, con el fin de contar con una red de medición que abarque toda la ciudad y que incluya las partículas PM2’5, las menos medidas y, en cambio, las que más irritan e inflaman las vías respiratorias, agravan el asma y elevan el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón. El coste rondaría el millón de euros.