La formación ha advertido de que la fórmula del concierto utilizada en este caso es ajena a los mecanismos de contratación ordinarios, vulnera la normativa y puede suponer la eliminación de controles y transparencia en la contratación pública

Se trata de la contratación, por 1,3 millones de euros, de 400 talleres para los Centros municipales de Personas Mayores 

Esta fórmula supone la contratación con una sola entidad de la totalidad de las actividades que se realizan en estos centros municipales 

Zaragoza, 29 de julio de 2021.- El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado que recurrirá la decisión del Gobierno de PP-Cs de concertar las actividades de los Centros para Personas Mayores al considerar que vulnera la normativa y puede suponer la eliminación de controles y transparencia en la contratación pública.

La formación ha informado de que el gobierno de Azcón aprobó el pasado viernes un concierto por 1,3 millones de euros para la contratación de aproximadamente 400 talleres a realizar en los Centros de Personas Mayores en un periodo de cuatro años.

Zaragoza en Común ha advertido de que la fórmula del concierto utilizada en este caso es “ajena a los mecanismos de contratación ordinarios”. Además, este concierto supone la contratación con una sola entidad de la totalidad de las actividades que se realizan en los centros de personas mayores de carácter municipal .

Hasta el momento, esta licitación se realizaba directamente a través de un banco de actividades en el que se encontraban inscritas las entidades, distribuidas según las temáticas a desarrollar. La formación ha criticado que, con esta nueva fórmula, esas entidades ya no podrán optar a desarrollar los talleres que venían realizándose en los últimos años.

Por estas razones, Zaragoza en Común interpondrá un recurso de reposición ante el Gobierno de la ciudad, al entender que dicho concierto se realiza sin estar previamente aprobado el Catálogo Municipal Complementario de Prestaciones Sociales, tal y como establece la regulación de concertación en Servicios Sociales.

La concejala de la formación, Luisa Broto, ha mostrado su preocupación por “la relajación de los mecanismos y controles de contratación”, que pueden suponer “una deriva hacia prácticas clientelistas y de amiguismo, que lamentablemente parece que se están convirtiendo en algo habitual de este gobierno”. En este sentido, la edil ha recordado la concesión de convenios de acción social a entidades de familiares del concejal del ramo, y procesos de selección de personal “cuando menos dudosos”.

La formación ha destacado que el interventor ha señalado en su informe que para el procedimiento deberá formar parte como vocal el interventor municipal y la jefa de la Asesoría Jurídica. Asimismo, señala que tampoco deberían formar parte de la comisión de valoración el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, “extremos ambos que no se respetan en este caso, ya que varios miembros han estado directamente implicados en la elaboración de esta concertación”, ha criticado Broto.

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