Suso Domínguez reclama explicaciones sobre un expediente que, cuatro años después, sigue sin resolver y critica que el Gobierno de Chueca haya permitido que opere el silencio administrativo
Zaragoza en Común ha cuestionado hoy en la Comisión de Urbanismo la tramitación realizada por el Gobierno de Natalia Chueca en relación con el expediente del Tiro de Pichón y ha reclamado explicaciones sobre las decisiones adoptadas y, especialmente, sobre la falta de resolución expresa de los recursos y solicitudes planteados en 2022.
Para Zaragoza en Común, el punto central de la cuestión es que el área de Urbanismo debía ejecutar el mandato del Pleno relativo a la revocación de la expropiación y resolver las cuestiones que se plantearon posteriormente en el procedimiento.
Domínguez ha criticado especialmente que el Ayuntamiento no resolviera expresamente la solicitud de suspensión ni el recurso de reposición presentado por el Tiro de Pichón.
La Ley 39/2015 establece que, si transcurre un mes desde la entrada de una solicitud de suspensión sin resolución expresa el plazo de un mes., la ejecución del acto se entiende suspendida automáticamente, que lo que pone en una situación de ventaja a al Empresa, a la que ni si quiera se le ha solicitado una medida cautelar.
“La suspensión no fue una decisión motivada por razones de prudencia. Fue la consecuencia de que el Ayuntamiento no resolviera en plazo. El problema es que se dejó operar al silencio administrativo en lugar de tomar una decisión expresa que le correspondía al Pleno y ponderar los intereses públicos en juego”, ha denunciado Domínguez.
El concejal ha recordado además que la suspensión derivada del transcurso del plazo no impide necesariamente que posteriormente pueda adoptarse una resolución expresa por el Pleno y que la propia normativa contempla la posibilidad de adoptar medidas cautelares para proteger el interés público y garantizar la eficacia de la resolución.
Uno de los principales motivos de preocupación para Zaragoza en Común es que el informe municipal, según ha explicado Domínguez, confunde la suspensión de la ejecución del acuerdo con la interrupción de los plazos de prescripción de una eventual reclamación económica.
“Son cuestiones diferentes y en el expediente no aparece, según hemos podido comprobar, que se garantice que el plazo para reclamar haya quedado interrumpido”, ha señalado.
Domínguez ha advertido de que el propio informe municipal plantea dudas sobre si el plazo aplicable para reclamar es de cuatro o cinco años.
Estamos diciendo que existe un riesgo que el Ayuntamiento tiene la obligación de gestionar y proteger. Y llevamos cuatro años sin resolver, sin reclamar y sin exigir garantías que permitan asegurar el cobro”, ha afirmado.
Según las cifras manejadas por Zaragoza en Común, está en juego la recuperación de aproximadamente 8,23 millones de euros de principal, además de una parte relevante de los 2,35 millones de euros abonados en concepto de intereses.
ZEC ha reclamado al Gobierno municipal que explique por qué en 2022 se resolvieron expresamente ni la solicitud de suspensión formulada por el Tiro de Pichón ni el recurso de reposición presentado.
También ha pedido explicaciones sobre la ausencia en el expediente de informes de Asesoría Jurídica que avalen o rechacen expresamente la resolución de la suspensión solicitada y sobre el propio recurso.
“Queremos saber quién tomó las decisiones, por qué se decidió no resolver y por qué se permitió que el silencio administrativo produjera la suspensión cuando lo que estaba en juego eran los intereses económicos del Ayuntamiento”, ha reclamado Domínguez.
El concejal de ZEC ha cuestionado además que una Administración pueda permanecer durante años sin resolver un asunto de esta trascendencia y ha recordado que la obligación de los responsables públicos es defender el interés general y el patrimonio de la ciudad.
El edil habla claro: “Aquí no estamos hablando de un expediente cualquiera. Estamos hablando del patrimonio de Zaragoza y de más de 12 millones de euros cuya recuperación está en juego. El Ayuntamiento tiene que explicar qué ha hecho durante estos años para proteger ese dinero y quién va a asumir la responsabilidad de las decisiones adoptadas”