Ante los gravísimos hechos que están sucediendo en el estado español y que tienen al PP como protagonista con los casos de corrupción y la manipulación de las instituciones como la Fiscalía General o la Fiscalía Anticorrupción para tapar esos casos, hemos decidio presentar una moción de urgencia para que pueda debatirse en el pleno en la tarde de este viernes.

Estaremos muy atentos a ver qué opina y que vota el Partido Popular de Zaragoza.

Texto íntegro de la moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante auto del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de fecha 19 de abril, el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy fue llamado a declarar como testigo por el denominado Caso Gürtel. Según el auto, esta citación se produce por que el Partido Popular, procesado por ese caso “se negó a prestar ninguna declaración respecto de los hechos”.

A raíz de esa citación y de posteriores actuaciones judiciales y de fiscales, hemos entrado en una situación insostenible para Mariano Rajoy y el Partido Popular en el que cada día aparecen nuevos investigados, detenidos, querellados o procesados relacionados con el Partido Popular o con las empresas corruptoras de los primeros.

Así, se detuvo e ingresó en prisión Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, iniciándose un procedimiento, el llamado Caso Lexo, que afecta a más de 60 personas entre ellas familiares del propio Ignacio González, al exministro de Aznar Eduardo Zaplana, al presidente de Inassa, la filial del Canal de Isabel II para Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino

o al exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. Los encausados lo están siendo por delitos de malversación, organización criminal, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude relacionados con la gestión del Canal de Isabel II.

También ha habido registros y actuaciones contra empresas como la constructora OHL, Indra o PricewaterhouseCoopers y sus directivos como el del empresario Villar Mir o Javier López Madrid, de quienes se investiga si pagaron 1,4 millones de euros en mordidas a Ignacio González y al PP en el caso de OHL o si financió al PP con 700.000 euros en el caso de Indra.

Incluso el Partido Popular, Carlos Floriano, ha reconocido que conocía la existencia de una cuenta en Suiza de Ignacio González pero que no lo llevó a la justicia.

Si la corrupción es un hecho gravísimo, los intentos de ocultarla o de dar apoyo a las personas implicadas desde las instituciones del estado, es algo que cuestiona los fundamentos mismos del estado de derecho y de la arquitectura institucional.

Especialmente alarmante el uso que el PP está haciendo de la Fiscalía y de la Fiscalía Anticorrupción, con maniobras para obstaculizar e impedir la actuación de los fiscales encargados de determinadas causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción.

El Fiscal Jefe de la oficina Antocorrupción, Manuel Moix, intentó impedir que se prorrogaran las escuchas a los investigados nada más llegar a su cargo en febrero e intentó que no tuviera lugar uno de los registros planteados. Los fiscales que llevan 18 meses investigando este asunto tuvieron que invocar el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía para convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro.

Moix también ha intentado apartar al fiscal del Caso Lezo, Carlos Iáñez, pidiéndole que renuncie a su plaza en Madrid y vuelva a su puesto en Granada, algo a lo que Iáñez se ha negado.

Para estas actuaciones Moix ha contado con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza; el mismo que impidió que el Ministerio Público acusara al ex presidente de la región de Murcia Pedro Antonio Sánchez, en contra de la opinión de los fiscales del caso, que sí veían motivos para la imputación. Y el que sustituyó a los fiscales encargados del denominado “caso del tres por ciento.

No deja de ser curioso, que, como figura en los autos, dos de los investigados, González y Zaplana, se mandaron SMS en el que dicen que han hablado con el Ministro de Justicia para “colocar en la fiscalía Anticorrupción a un tipo serio y bueno que se llama Moix”. El mismo Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que manda apoyo al mismo Ignacio González con un mensaje “Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”.

Así mismo, la investigación descubrió la existencia un posible chivatazo ya que cambiaron las pautas de comportamiento de los hoy detenidos, sabiéndose que hubo una reunión del hermano de Ignacio González, Pablo González, con el secretario de Estado de Seguridad y número 2 del ministerio de Interior, José Antonio Nieto.

Ni las actuaciones de la Fiscalía, ni las de los Ministros de Justicia y de Interior han supuesto ningún reproche por parte de Mariano Rajoy en su eterna actitud de esconder la cabeza como ha hecho desde que es Presidente del Partido Popular y no hacer absolutamente nada para luchar contra la lacra de la corrupción en la que su partido es el máximo protagonista.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentamos para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN DE URGENCIA:

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza rotundamente los comportamientos contrarios a la mínima ética política que se vienen conociendo en relación al denominado caso Lezo: tanto los presuntos casos de corrupción como el uso de la Fiscalía Anticorrupción y de otras instituciones del estado para entorpecer las investigaciones.

Así mismo, censura la actitud de Mariano Rajoy y del conjunto del Gobierno de España por no responder contundentemente ante este tipo de situaciones y le exige la reprobación del Fiscal General del Estado por el incumplimiento reiterado de sus obligaciones.