La formación presenta 22 votos particulares para incorporar la mediación como herramienta prioritaria de resolución de conflictos y eliminar los artículos que restringen derechos y libertades
Zaragoza en Común ha presentado 22 votos particulares al proyecto de Ordenanza Cívica impulsado por el Gobierno de Natalia Chueca al considerar que se trata de una norma «pensada para sancionar y recaudar» que limita libertades, restringe el uso del espacio público y criminaliza tanto a la juventud como a las personas en situación de vulnerabilidad.
El concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha criticado que el Gobierno municipal haya elaborado una ordenanza de estas características sin un verdadero proceso participativo. «Una norma que regula la convivencia de toda la ciudad no puede hacerse escuchando únicamente a 73 personas y sin contar con las entidades vecinales más representativas. La señora Chueca vuelve a demostrar que la participación ciudadana no forma parte de su modelo de ciudad», ha afirmado.
Frente a una ordenanza basada casi exclusivamente en la sanción, Zaragoza en Común propone incorporar la mediación como procedimiento preferente para resolver los conflictos de convivencia.
«Cada conflicto refleja un problema social que merece una respuesta diferente. Cuando el único instrumento es el castigo, se termina tratando igual a quien genera un problema de convivencia que a quien simplemente hace uso del espacio público. Apostamos por una ciudad que resuelva los conflictos dialogando antes que multando», ha explicado Domínguez.
La formación considera especialmente preocupantes los artículos que restringen el uso cotidiano de calles y parques. Entre ellos, denuncian que la ordenanza permite considerar como botellón reuniones de tan solo tres jóvenes consumiendo bebidas en un parque, prohíbe de forma general tocar música en la vía pública o sanciona el uso de megafonía sin distinguir entre molestias reales y el ejercicio de derechos fundamentales como la protesta o determinadas actividades culturales.
«Los vecinos y vecinas tienen derecho a reunirse en el espacio público, compartir una guitarra en un parque o disfrutar de la ciudad sin miedo a ser identificados y sancionados con multas de hasta 1.500 euros», ha señalado el concejal.
Zaragoza en Común también denuncia que la ordenanza castiga a quienes sufren situaciones de exclusión social. El texto prevé sanciones para personas que duermen o descansan en la calle e incluso permite la retirada de sus pertenencias.
«El Ayuntamiento no puede responder a la pobreza con multas. Su obligación es garantizar el derecho a una vivienda digna y ofrecer alternativas sociales, no perseguir a quienes ya viven una situación extrema», ha subrayado.
La formación alerta igualmente de que algunos artículos pueden restringir la libertad de expresión, al sancionar la colocación de pancartas o carteles en espacios municipales incluso cuando no causan daños materiales.
Asimismo, rechaza las denominadas normas de decoro incluidas en la ordenanza, al considerar que pretenden imponer criterios morales sobre la forma de vestir de la ciudadanía.
«Hace décadas que conquistamos la libertad para decidir cómo vestirnos. Nadie, tampoco una alcaldesa, puede decirle a la ciudadanía si puede ir sin camiseta, con un top o con un determinado complemento en la cabeza. Son planteamientos propios de otra época», manifiesta Domínguez.
En este sentido, Zaragoza en Común también solicita eliminar la prohibición de acceder a dependencias municipales utilizando burka por considerar que responde a un planteamiento islamófobo y no a una política real de defensa de los derechos de las mujeres.
Con estos 22 votos particulares, Zaragoza en Común defiende una ordenanza que fomente la convivencia desde la educación, la mediación y la participación ciudadana, en lugar de convertir el espacio público en un ámbito de prohibiciones, vigilancia y sanciones.