Las entidades vecinales, ecologistas, comerciantes, sindicales y políticas exigen al Ayuntamiento que deje de presentar recursos que generan gasto de dinero público y que paralice los procedimientos de nuevos desarrollos urbanísticos en curso para evitar más daños ambientales y al pequeño comercio.
La Justicia vuelve a dar la razón a las entidades que llevaron la Torre Outlet a los tribunales. En este caso la justicia anula el plan parcial que desarrolla el Plan especial que, igualmente y hace apenas un mes, fue anulado de nuevo por la Justicia que declaró ilegal la modificación del PGOU 171 con la que se pretendía legalizar la Torre Outlet.
A pesar de que la Justicia ha sido clara en todos sus pronunciamientos sobre la ilegalidad del outlet de Pikolín, el Ayuntamiento de Zaragoza “sigue en sus trece” recurriendo las sentencias como hizo la semana pasada con la que tumbada la modificación del plan general. “Hoy se demuestra una vez más que la operación urbanística para construir el centro comercial no fue legal”, señala el Arturo Sancho, presidente de la FABZ.
Sancho recuerda al Ayuntamiento que la sociedad le exige que “ceje en su actitud de negar la realidad y deje de presentar unos recursos que están costando dinero a la sociedad y asuma la realidad: el outlet de Pikolín es ilegal”.
Además, las organizaciones recurrentes exigen al Ayuntamiento que paralice los procedimientos de los nuevos desarrollos urbanísticos en curso en dicho ámbito como los de un nuevo supermercado con los que “sigue profundizando el daño ambiental, social y económico al pequeño comercio de proximidad, otorgando autorizaciones a sabiendas de que no es legal ese centro comercial”.