Las entidades ciudadanas, sindicales, políticas, ecologistas y de comerciantes ganan el recurso en el Tribunal del Superior de Justicia de Aragón con el que se anula la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana realizado para legalizar las actuaciones en el complejo comercial
La Seccion nº 1 de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en una sentencia de 28 de febrero pasado, notificada ayer día 11, ha resuelto definitivamente el recurso interpuesto por una decena de entidades ciudadanas, sindicales, políticas, ecologistas y de comerciantes contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 20 de diciembre de 2019, de aprobación definitiva de la Modificación Aislada nº 171 del PGOU de Zaragoza, en lo que se conoce coloquialmente como “el outlet de Pikolín”.
La modificación pretendía legalizar, con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, la construcción del complejo comercial después de otra sentencia previa contra el plan especial para esta zona aprobado en 2016, con el que se pretendía dar luz verde a los usos comerciales y terciarios. Este fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en febrero de 2019. En diciembre de ese mismo año se aprobó de forma definitiva una modificación aislada que pretendía legalizar as actuaciones urbanísticas iniciadas al amparo de dicho plan especial.
Ayer se conoció el fallo por el que la sala del TSJA estimaba la demanda de las entidades y ha declarado nula de pleno derecho la modificación aislada con expresa condena en costas a los codemandados el Ayuntamiento de Zaragoza y el grupo Iberebro.
Las entidades ‘Yo compro en las Fuentes’, la Federación de Servicios de CC.OO, Zaragoza en Común, Izquierda Unida Aragón, Podemos, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Ecologistas en Acción, la asociación San José Barrio Comercial de Zaragoza y la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT han comparecido hoy en rueda de prensa para celebrar la sentencia y poner en valor la participación social y vecinal en la defensa de los intereses públicos.
Las entidades que interpusieron el recurso han querido lanzar un mensaje colectivo: la participacion en cuestiones como el urbanismo es un derecho y una garantía frente a los abusos de poder. Lo que deja claro la sentencia es que la operacion Pikolin fue una operacion clamente ilegal, y que pese a la primera sentencia de nulidad del plan especial que la posibilitó, se siguieron concediendo licencias para construir el centro comercial y para intentar que por la via de los hechos se legalizara esta operación.
Esto es algo que el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón reconoce que no es posible. Por esta razón, consideran que esta sentencia debe acarrer responsabilidades politicas inmediatas, ya que pone de manifiesto el desvio de poder que permitió a Pikolín obetener beneficios y vender por 130 millones el centro comercial y continuar como si nada hubiera sucedido.
Para las entidades, esta sentencia reconoce que este caso es un ejemplo de “urbanismo a la carta” y rechaza los intentos de zonificar de forma incorrecta unos espacios en beneficio de un promotor. También se reconoce lo que la defensa de este grupo de entidades sostuvo en el procedimiento: que el Ayuntamiento incurrió en una desviación de poder para cambiar unas zonas y con ello intentar dar salvar un complejo ilegal.
Además, han recordado que el grupo de Pikolín, o Iberebro, salió de la propiedad y gestión de este complejo en una especie de entrega de la operación al fondo inversor que le financió el complejo y no es plausible que aparezca en los recursos.
Piden que el Ayuntamiento “abandone las modificaciones a la carta”
Las entidades participantes han criticado que el PP utilice “de forma constante” la modificación del planeamiento “a la carta” para “dar respuesta a necesidades particulares en lugar de satisfacer el interés general”, como también sucede en las recalificaciones de los suelos de Vía Hispanidad y en la ampliación del Parque de Atracciones en los Pinares de Venecia.
Desde las entidades han requerido que el Ayuntamiento “deje de identificarse con unos intereses que no representan los de la ciudad y no son sostenibles, ni para el pequeño comercio, ni ambientalmente”.
En este sentido, han afirmado que “seguirán firmes en la defensa de la ciudad y contra operaciones especulativas” y han animado a otros colectivos afectados por este tipo de urbanismo a la carta como los vecinos de la Romareda y el entorno del skate park’ de Vía Hispanidad de Zaragoza o de los montes de Torrero y la ampliación del parque de atracciones a que lleven sus reclamaciones a la vía judicial. Asimismo, exigimos que se paralice toda concesión de licencias en el complejo comercial La Torre Outlet y en especial una nueva modificación a la carta del PGOU para, en ese caso, construir un hipermercado.