El grupo municipal presenta una moción para suspender cautelarmente las tres licencias concedidas en Valdespartera y Picarral, modificar el PGOU y establecer distancias mínimas respecto a viviendas, colegios, parques y equipamientos
Zaragoza en Común llevará al Pleno municipal una moción para reclamar al Gobierno de Natalia Chueca que actúe de manera inmediata ante la instalación de tres gasolineras desatendidas o low cost en entornos residenciales de Valdespartera y Picarral.
El grupo municipal considera especialmente preocupante que la Gerencia Municipal de Urbanismo haya concedido estas tres licencias con los votos favorables de PP y VOX, pese al rechazo expresado por las asociaciones vecinales de los barrios afectados y a los riesgos que este tipo de instalaciones pueden generar en zonas residenciales consolidadas.
Las dos gasolineras proyectadas en Valdespartera, en la calle Viridiana y en la calle Manhattan, se encuentran además próximas a centros educativos como el CPI San Jorge y el CPI Soledad Puértolas, así como a parques infantiles y zonas verdes. A ello se suma la instalación prevista en el Picarral.
“No estamos hablando de una gasolinera aislada, sino de tres instalaciones que el Gobierno de Chueca ha permitido colocar en medio de barrios residenciales, cerca de colegios, parques y viviendas”, ha señalado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez y subraya que “El Ayuntamiento tiene competencias y herramientas para proteger a sus vecinos y, sin embargo, ha decidido mirar hacia otro lado”.
ZEC recuerda que las propias resoluciones municipales reconocen que se trata de actividades clasificadas por sus potenciales afecciones, entre ellas ruidos y vibraciones, olores y humos, contaminación derivada de hidrocarburos y residuos peligrosos, almacenamiento de combustibles y riesgo de explosión.
Además, la ausencia de personal en este tipo de estaciones de servicio supone, a juicio de Zaragoza en Común, un elemento añadido de preocupación. “No tiene sentido que en una instalación donde se manipulan productos altamente inflamables no haya personal cualificado para responder ante una incidencia, un derrame o una emergencia”, explica Domínguez. “La seguridad de los vecinos y de las personas usuarias no puede quedar subordinada a abaratar costes”.
El concejal también ha puesto el foco en los problemas de movilidad que pueden generar estas instalaciones, especialmente en Valdespartera, donde la circulación de vehículos y la entrada y salida de camiones cisterna se producirían en calles estrechas y próximas a entornos escolares.
Zaragoza en Común considera especialmente grave la tramitación de estas licencias y la falta de información y participación de las personas afectadas. El grupo municipal denuncia que los vecinos han tenido dificultades para acceder a los expedientes y que no se habría garantizado adecuadamente su derecho a formular alegaciones y participar en el procedimiento.
De hecho, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza ha estimado medidas cautelares que han supuesto la suspensión de la ejecución del acuerdo y la paralización de las obras de la gasolinera de la calle Viridiana.
“Es muy grave que los vecinos hayan tenido que acudir a los tribunales para conseguir algo que debería haber garantizado el propio Ayuntamiento: que sus derechos fueran respetados y que pudieran conocer y participar en un procedimiento que afecta directamente a su barrio”, ha denunciado Domínguez.
Para ZEC, el problema evidencia la necesidad de cambiar la normativa urbanística para evitar que puedan instalarse estaciones de servicio de estas características junto a viviendas y equipamientos sensibles. Esta modificación ha sido llevada a cabo en otras ciudades.
Por ello, la moción de Zaragoza en Común plantea tres medidas concretas:
Modificar de forma inmediata el PGOU, para establecer distancias mínimas entre las gasolineras y edificios residenciales, centros educativos, sanitarios, dotacionales y otros equipamientos, incluyendo parques infantiles y zonas verdes.
Una revisión de oficio de los expedientes y acuerde suspender cautelarmente las tres licencias concedidas en Valdespartera y Picarral.
Instar a las administraciones competentes a regular las gasolineras desatendidas, estableciendo la obligatoriedad de contar con personal cualificado durante su horario de apertura, además de requisitos específicos de seguridad, accesibilidad y atención al público.
“Lo que estamos pidiendo es muy sencillo: que el Ayuntamiento deje de gobernar de espaldas a los barrios y utilice sus competencias para proteger a la ciudadanía”, Suso Domínguez. “No se puede poner por delante el negocio de unos pocos cuando están en juego la seguridad, la salud y la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas”.
Zaragoza en Común defiende que Zaragoza necesita un urbanismo que priorice a las personas y no permita que determinados usos industriales o potencialmente contaminantes se instalen sin garantías junto a viviendas, colegios y espacios de convivencia.